"Que no se enví­e a nadie a la ejecución": Nuevo informe de Amnistí­a Internacional sobre la pena de muerte en Estados Unidos como barrera a la extradición.

La organización de derechos humanos lanza un acción urgente especial para pedir la derogación de los tribunales militares.

Un motivo más para que Estados Unidos se decida a abolir la pena de muerte es que su utilización de esta pena, en una postura cada vez más aislada, está minando la cooperación internacional respecto al cumplimiento de la ley, según concluye Amnistí­a Internacional en un informe hecho público hoy.

El informe de Amnistí­a Internacional (AI), No return to execution - The US death penalty as a barrier to extradition ofrece una visión general del creciente consenso mundial contra la pena capital y de la aparición simultánea de mecanismos de protección frente a la pena de muerte en los procedimientos de extradición.

Esto ha quedado demostrado en los últimos dí­as con la información de que España no extraditará a ocho presuntos miembros de Al Qaeda a Estados Unidos, ya que allí­ podrí­an ser condenados a muerte o juzgados por los tribunales militares recientemente anunciados mediante decreto presidencial. Ahora que José Marí­a Aznar se encuentra de visita oficial en EEUU, Amnistí­a Internacional le pide que se mantenga firme en su decisión de no extraditar a los detenidos en España a EEUU mientras no existan garantí­as de que no se les aplicará la pena de muerte y de que tendrán acceso a un juicio justo. El ejecutivo español dará así­ ejemplo al resto de los gobiernos que pueden encontrarse en una situación similar.

Otras resoluciones que han marcado un hito, dictadas este mismo año por los tribunales superiores de Canadá y Sudáfrica, proporcionan más ejemplos a este respecto.

Amnistí­a Internacional ha declarado: "Hasta el momento, Estados Unidos ha reaccionado a la tendencia abolicionista mundial adoptando una mentalidad de búnker en lugar de abrazar las aspiraciones de la comunidad internacional". Y es que, a medida que cada vez más paí­ses vuelven la espalda a la pena capital, esos mismos paí­ses se niegan a enviar a presuntos delincuentes a Estados Unidos o a cualquier otro paí­s retencionista sin recibir antes garantí­as de que los individuos en cuestión no serán condenados a muerte.

La organización de derechos humanos teme que en su "guerra contra el terrorismo" el gobierno estadounidense, fuerte defensor de los homicidios judiciales, recurra a tácticas para esquivar los mecanismos de protección en los procedimientos de extradición. Tal como ilustra el informe, el historial de Estados Unidos, incluida su utilización de la táctica del secuestro, hace aumentar la preocupación. Amnistí­a Internacional cree que, para que se haga justicia, los gobiernos deben seguir unas normas muy estrictas de legalidad y transparencia. De lo contrario, según concluye el informe, sólo se conseguirá socavar la búsqueda de justicia, dañar la reputación de Estados Unidos y dificultar las relaciones internacionales.

Amnistí­a Internacional ha declarado: "La solución a las barreras que crea la utilización de la pena capital no reside en debilitar las salvaguardias en los procedimientos de extradición, como algunos han sugerido, sino en la abolición total de la pena de muerte".

Accion Urgente Especial

Amnistí­a Internacional ha lanzado una acción urgente especial en todo el mundo pidiendo la derogación de la orden militar dictada por el gobierno estadounidense, que pasa por encima de derechos tan fundamentales como el de apelar ante un tribunal superior, un derecho que no puede suspenderse ni siquiera en momentos de emergencia.

Según el Washington Post , unos 360 sospechosos de presunta relación con Al Qaeda permanecen detenidos en 50 paí­ses a instancias de las autoridades estadounidenses. Según la información publicada en este periódico, entre los detenidos habí­a "más de 100 en Europa, más de 100 en Oriente Próximo, 30 en Latinoamérica y 20 en África".