Amnistí­a Internacional ha repetidamente enfatizado que el Decreto-Ley de amnistí­a de 1978 es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos y las obligaciones del Estado Chileno. Estas obligaciones han sido reafirmadas en numerosas oportunidades por organismos de la Naciones Unidas y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos.

– Según el derecho internacional, Chile no puede invocar su derecho interno — trátese de leyes, decisiones judiciales y de la propia constitución — para no cumplir la obligación de investigar, juzgar y castigar a los autores de graves violaciones a los derechos humanos, como son las ejecuciones extrajudiciales, -desapariciones- y torturas cometidas durante el régimen militar de Augusto Pinochet.- Dijo la señora Shoppée.

– A causa de su forma sistemática y de gran escala, los crí­menes cometidos durante el gobierno militar son crí­menes de lesa humanidad. Como tales son imprescriptibles y el Estado está en el deber de juzgar y castigar los responsables.-

En mayo de 2004 el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura señaló que el Decreto Ley de amnistí­a obstaculiza el disfrute pleno de derechos fundamentales. El Comité enfatizó que este decreto-ley -torturas, "˜desapariciones"™ y otras graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura militar.-

– Es vital que los poderes del gobierno chileno: ejecutivo, legislativo y judicial tomen en serio las obligaciones del Estado Chileno y unan esfuerzos para que las violaciones del pasado no queden en la impunidad y no se auspicie, aún a costa de las obligaciones internacionales del Estado chileno, la impunidad de los perpetradores de violaciones de derechos humanos cometida durante el gobierno militar, que son crí­menes contra la humanidad,- concluyó la señora Shoppée.

Información General

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) es un servicio público independiente, bajo la supervigilancia del Presidente de la República. Tiene como objeto principal la defensa judicial de los intereses del Estado.

El alegato por parte del abogado del Consejo de la Defensa del Estado se produjo el 29 de septiembre de 2004, en la penúltima audiencia para que la Sala Penal de la Corte Suprema decida, respecto de la aplicación de la amnistí­a a favor de militares, miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA) sentenciados por el secuestro y -desaparición- en 1975 del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Miguel Angel Sandoval Rodrí­guez.

El abogado de la familia de la ví­ctima ha pedido se reconozca el carácter permanente del delito de secuestro, mientras el alegato del CDE pide la aplicación de la ley de amnistí­a en todas las causas por violaciones a los derechos humanos una vez dictada la sentencia.