El Ayuntamiento de El Puerto, gobernado por Independientes Portuenses y el PSOE, está tramitando 22 convenios urbaní­sticos para recalificar 2.596.000 m2 de terrenos no urbanizables, de ellos, medio millón de m2 están clasificados como "No Urbanizables Especialmente Protegidos por su Interés Forestal", es decir, se intenta urbanizar la mayor parte de pinares, retamares y sabinares privados que quedan en la localidad. A cambio de estas recalificaciones los promotores-especuladores ofrecen al Ayuntamiento 10.029.382 €. En El Puerto se puede recalificar un metro cuadrado de terreno pagándole al Ayuntamiento 3,86 € (642 de las antiguas pesetas). Una docena escasa de promotores inmobiliarios y de familias de abolengo pretenden condicionar y dictar el planeamiento urbaní­stico por medio de contratos con el Ayuntamiento. La fiebre especulativa no queda ahí­, el Ayuntamiento está procediendo a la venta de pinares públicos para recalificarlos, como ha sucedido con la Sierra de San Cristóbal, vendida a la empresa JALE, y ha presionado para que la Diputación venda el pinar del camping de Valdelagrana a Urbis. Estos 22 convenios urbaní­sticos pretenden consolidar unos crecimientos de enormes proporciones de suelos urbanizables, totalmente injustificados y que tendrí­an importantes consecuencias ambientales y territoriales. El Ayuntamiento está convirtiendo a El Puerto en un gran mercado salvaje del suelo, recalificando terrenos y reservándose los usos más especulativos posibles a cambio de dinero. Todo menos planificar en aras del intereses generales.

La práctica totalidad de estos convenios corresponden a alegaciones realizadas por los promotores al Plan General Municipal de Ordenación, actualmente en fase de revisión,". O sea, a aquellos promotores que proponen contraprestaciones económicas al Ayuntamiento, se le incluyen sus Alegaciones dentro del PGMO, los que no pagamos "“Ecologistas en Acción fue la entidad que presentó mayor número de Alegaciones al PGMO- , no se nos contestas ni se aceptan nuestras propuestas, a pesar de que nuestras Alegaciones sólo responden al interés general. El Ayuntamiento pretende aplicar la polí­tica de hechos consumados recalificando estos terrenos al margen del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del PGMO que está realizando actualmente la Consejerí­a de Medio Ambiente, hecho totalmente ilegal, y que exige una rápida intervención de la Junta de Andalucí­a.

En El Puerto se sigue aplicando la nefasta polí­tica de asociar desarrollo con crecimiento urbaní­stico y nuevas recalificaciones, opción totalmente inviable e insostenible a medio y largo plazo. Cuando desde el Gobierno Central y la Junta de Andalucí­a se proclama la necesidad de modificar la polí­tica urbaní­stica del litoral, reduciendo la expansión de urbanizaciones residenciales, apostando por un turismo de alojamiento y evitando la colmatación de construcciones, en El Puerto, con el apoyo del PSOE, se hace todo lo contrario: se recalifican los suelos no urbanizables que quedan, se aumentan edificabilidades, se sustituyen suelos hoteleros por residenciales, se disminuyen las cesiones para zonas verdes y equipamientos públicos, y se elimina la obligación de construir viviendas sociales; todo a cambio de dinero. Paradójicamente el Ayuntamiento de El Puerto es uno de los que ha firmado un Acuerdo con la Consejerí­a de Medio Ambiente para elaborar la Agenda 21 Local de Desarrollo Sostenible. La aprobación de estos Convenios supondrí­a una hipoteca que impedirí­a cualquier medida posterior en la lí­nea del desarrollo sostenible.

Las propuestas incluidas en los convenios conllevarí­a inevitablemente la destrucción de la práctica totalidad de los terrenos forestales existentes en la margen derecha de la carretera de Fuentebraví­a. Algunas de estas fincas han sido taladas o incendiadas intencionadamente y tienen sanción firme de la Consejerí­a de Medio Ambiente con obligación de repoblarlas. Ahora, el Ayuntamiento intenta recalificarlas. En El Puerto se premian las infracciones urbaní­sticas y medioambientales. Aquí­ no hay lí­mites, como lo demuestra que uno de los convenios contemple la recalificación de una finca, colindante con las Dunas de San Antón, clasificada actualmente como Sistema General de Espacios Libres, esto es, destinada a parque público, propiedad de un conocido promotor urbaní­stico, a la sazón presidente del Racing portuense (el gilismo de nuevo). Además, la mayor parte de estos terrenos corresponden a zonas de hábitat del camaleón, cuya destrucción se contempla como delito en el Código Penal.

Ecologistas en Acción ha presentado en el dí­a de hoy un conjunto de Alegaciones en las que se exige al Ayuntamiento la retirada de todos los convenios urbaní­sticos, por entender que conculcan la legalidad vigente, consagran un modelo de desarrollo insostenible, son atentatorios al interés general y ocasionarí­an graves impactos al valioso patrimonio natural y paisají­stico del municipio de El Puerto de Santa Marí­a.

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