UGT estima que de un mal acuerdo, como lo fue, el de pensiones ratificado por el Gobierno, la CEOE y Comisiones Obreras, no puede derivarse un buen desarrollo. En este sentido, el sindicato advierte que la anunciada "a bombo y platillo" mejora en la cuantí­a de las pensiones mí­nimas, que no llega ni a 450 pesetas al mes de promedio, sólo beneficia a un 20% de los casi 2.800.000 perceptores de pensiones mí­nimas. El sindicato advierte, además, que se defraudarán las expectativas de la gran mayorí­a de los perceptores de pensiones de viudedad, pues sólo se mejorarán las más altas. UGT contrasta el hecho de que los recursos destinados en 2002 a mejorar las pensiones (29.000 millones) es menos de la mitad de lo que suponen las bonificaciones y exenciones a los empresarios en las cotizaciones (63.000 millones). Por último, el sindicato alerta que frente a estas modestas e insignificantes mejoras se ocultan, sin embargo, medidas regresivas, entre ellas, la penalización al trabajador ante un posible fraude empresarial: antes se anticipaba la cuantí­a total de la prestación y ahora este anticipo no debe superar 2,5 veces el importe del salario mí­nimo.

UGT ha tenido conocimiento a través de los medios de comunicación de la reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Pensiones del pasado 9 de abril y en la que se han acordado una serie de medidas que se pondrán en marcha a partir del próximo año. Cuando más se concretan las medidas de dicho Acuerdo, más convencidos estamos de lo acertado de nuestra oposición al mismo.

La primera constatación es que los recursos destinados en 2002 a mejorar las pensiones, 29.000 millones de pts., es menos de la mitad de lo que suponen las bonificaciones y exenciones a los empresarios en las cotizaciones, aproximadamente 63.000 millones de pts.

Por lo que se refiere a las mejoras de las pensiones mí­nimas, que es la parte más amable del Acuerdo, queremos advertir, una vez más, que dichas mejoras no son fruto del mismo sino fiel reflejo de los compromisos electorales del Partido Popular que en el Acuerdo se calcaron sin enmendar una coma.

Las mejoras en las cuantí­as de las pensiones mí­nimas del nivel contributivo por encima del IPC para el próximo año sólo beneficiarán a 547.000 pensionistas, lo que supone que el 80% de los casi dos millones ochocientos mil pensionistas en mí­nimos no verán mejorada su capacidad adquisitiva. Pero es que, además, estamos hablando de unas mejoras que de media suponen 449 pts. mes para ese reducido colectivo. Tampoco mejorarán su capacidad adquisitiva los más de 470.000 perceptores de las pensiones mí­nimas en la modalidad no contributiva cuya cuantí­a para 2002 está fijada en 42.750 pts. (256,93 euros).

En lo que se refiere a las mejoras en las pensiones de viudedad y orfandad, extraña sobremanera que no se haya aportado memoria sobre los colectivos a los que beneficiará y se siga tergiversando su incidencia al confundir los beneficiarios potenciales con los reales.

La mejora con carácter general en 2002 de las pensiones de viudedad, al pasar del 45 al 46% de la base reguladora sólo beneficiará a aquellas pensiones con una base superior a 139.000 pts., es decir, a una insignificante minorí­a, pues aquellas con una base menor las mejoras serán absorbidas por los mí­nimos.

Lo mismo cabe decir de las mejoras de las pensiones de viudedad con cargas familiares, y sin otras rentas, al pasar del 45 al 70% de la base reguladora pues sólo beneficiará a aquellas pensiones con una base superior a 81.000 o 90.000 pts. mes, dependiendo de la edad del pensionista.

Asimismo, según nuestras estimaciones, la ampliación en un año el lí­mite para percibir la pensión de orfandad, no beneficiará ni a 20.000 huérfanos sobre un colectivo de más de 250.000.

Junto a estas modestas mejoras se ocultan, sin embargo, otras medidas de especial, y regresiva, repercusión sobre los derechos de los trabajadores. Nos referimos en concreto a la extinción de la prestación de Incapacidad Temporal cuando el trabajador no acuda a los reconocimientos médicos ordenados por los facultativos del INSS o de las Mutuas de Accidentes, cuando esta posibilidad sólo debiera ser ejercida por los facultativos del Sistema Nacional de Salud. Con la misma intención reductora, se va a dificultar que los desempleados puedan enlazar la protección por desempleo con la prestación económica por enfermedad.

Igualmente regresivo es el acuerdo por el cual al trabajador se le limita el anticipo de la prestación que le corresponde a 2,5 veces el importe del salario mí­nimo, que antes era al 100% de la prestación correspondiente, cuando el responsable de las prestaciones es el empresario incumplidor de la normativa de Seguridad Social. Se penaliza al trabajador por los incumplimientos o fraudes en los que puede incurrir su empresario, lo que es socialmente inaceptable, y más aún cuando sigue sin regularse el principio de responsabilidad empresarial en orden a las prestaciones que lleva más de 30 años posponiéndose. No puede trasladarse al trabajador la desidia de las entidades gestoras haciéndole culpable de una infracción en la que no ha participado y que sólo incumbe al empresario y a la Seguridad Social.