Consolidar un marco estable para la educación es ya una prioridad de la sociedad española. Conscientes de esa necesidad, determinadas fuerzas sociales y polí­ticas que aplaudieron la imposición de la LOCE, reclaman ahora un pacto que libere a la educación de los vaivenes polí­ticos de turno; otras organizaciones que se mostraron menos condescendientes también reclaman un acuerdo general.

Por nuestra parte, admitiendo que procede, por el bien común, buscar un marco estable para que la educación no dé un vuelco cada vez que hay cambio de gobierno, matizamos que ese marco ha de girar en torno a los intereses generales de la ciudadaní­a, intereses que son los que defiende y representa la escuela pública.

La Confederación de STEs-intersindical planteó antes de las elecciones a todas las fuerzas polí­ticas que se habí­an movilizado contra la LOCE, la LOU y la Ley de FP la necesidad de derogar esas leyes, de elaborar un nuevo marco legislativo, y de anular los decretos que las desarrollan, aprobados al final de la legislatura por el gobierno del PP.

Es imprescindible que se emprenda el debate social que en su momento hurtó el Gobierno del PP, en el que los miembros de la comunidad educativa (familias, alumnado y profesorado) tengan un papel relevante a través de sus organizaciones representativas y de los debates en claustros y consejos escolares.

Este debate debe cerrarse con la promulgación de una Ley de Educación que para la Confederación de STEs-i debe responder a los siguientes criterios:

1.- Derogación de la LOCE y de los diferentes decretos que la desarrollan.
Elaboración de un nuevo marco legislativo que gire en torno a la promoción y defensa de la enseñanza pública, como enseñanza democrática, igualitaria, integradora y de calidad para todas y todos.

2.- Freno a la privatización creciente del sistema educativo en el Estado español.

Una educación de calidad es incompatible con la profundización en el desequilibrio de las redes pública y concertada. Es la enseñanza pública la que debe atender prioritariamente a la población escolar, por lo que allí­ donde haya oferta pública suficiente deberán reducirse paulatinamente los conciertos educativos. Éstos se eliminarán de los tramos no obligatorios y se garantizará una oferta de plazas escolares públicas en todos los tramos. La anunciada gratuidad de la enseñanza infantil ha de ser cubierta mediante la creación de plazas en el sistema público.

3.- Garantí­a de una educación pública de calidad para todas las personas en edad escolar y para las personas adultas que lo deseen.
Para ello, son necesarios medios que garanticen una atención personalizada y la compensación de desigualdades educativas. Se deben establecer medidas de compensación educativa para toda la población escolar que lo necesite, haciendo especial hincapié en la escolarización con plenas garantí­as de alumnado procedente de otros paí­ses. Hay que destinar fondos en la escuela pública para creación de empleo docente y no docente, para mejora y construcción de centros educativos y equipamiento de los mismos. Medidas como la reducción del número de alumnos/as por docente y la garantí­a de oferta de modalidades y optativas en todos los niveles y lugares geográficos son imprescindibles.

4.- La gestión democrática y la no jerarquización como base de una escuela participativa.

La derogación de la normativa sobre selección de directores/as y la recuperación de competencias por parte del Consejo Escolar deben ser las primeras medidas para acabar con la jerarquización y con los intentos de convertir la gestión de los centros en una tarea empresarial. La competencia entre centros docentes y entre el profesorado debe ser sustituida por formas de participación democrática y por un cuerpo único de enseñantes que acabe con la división y jerarquización entre el profesorado.

5.-Por una escuela laica: la religión fuera de la escuela.

Defendemos el carácter cientí­fico de la enseñanza y por lo tanto se debe excluir cualquier asignatura de carácter confesional. Para ello, el Gobierno debe revisar el Concordato y derogar los acuerdos con el Vaticano. No se debe pagar con dinero público el adoctrinamiento religioso: las creencias religiosas forman parte del ámbito privado y por tanto la enseñanza de las religiones ha de quedar al margen de la escuela.

6.-Una escuela que acabe con discriminaciones sociales y de género y que proporcione al alumnado los saberes necesarios para ser capaces de comprender y transformar la sociedad en que viven.

Renovada pedagógicamente, la escuela debe potenciar tanto la adquisición de destrezas que permitan un desarrollo autónomo como la de saberes que posibiliten un conocimiento más allá de lo meramente instrumental. Se hace necesario, en el actual contexto, reivindicar que la escuela es una institución de formación integral que no debe estar sujeta a las veleidades de los cambiantes mercados laborales.

7-Una escuela con una doble ví­a de acceso a la función pública docente.

Es preciso acabar con una precariedad laboral que afecta al 20% de las plantillas docentes, ocupadas actualmente por profesorado interino, cuyas justas demandas deben ser, de una vez, atendidas.

8.- Apuesta por la formación y la salud en el trabajo.

Es el momento de garantizar, por el bien de toda la comunidad educativa, una formación inicial equivalente para todo el profesorado, y una formación continua dentro del horario lectivo que sea acorde con las nuevas circunstancias sociales y escolares. Así­ mismo, el reconocimiento de las enfermedades profesionales especí­ficas, la mejora en las condiciones laborales "“35 horas semanales, disminución de ratios, jubilación a los 60...- y las medidas presupuestarias para mejorar infraestructuras, equipamientos y para crear empleo estable son medidas básicas que deben ser contempladas en la nueva ley. Es urgente la tarea de dignificación social de las y los docentes.

9.- Una ley que reconozca la realidad plurinacional y lingí¼í­stica del Estado español, así­ como la interculturalidad.

Que respete los ámbitos de competencia de cada comunidad, las lenguas y las culturas especí­ficas de cada territorio y la diversidad en su sentido más amplio.

10.-Una ley que reconozca, en definitiva, que la escuela pública es el garante de una sociedad más justa y que, en consecuencia, ofrezca los medios adecuados para ello.

Para ello, nuestro paí­s debe destinar al final de esta legislatura un 7 % del PIB. El recorte presupuestario en educación hace que en estos momentos seamos uno de los paí­ses europeos que menos le dedica: un 4"™5%, totalmente insuficiente, lo cual exige un esfuerzo para lograr situar a la enseñanza pública en el papel que le corresponde.

Por todo ello la Confederación de STEs-i intervendrá en cuantos foros le sea posible para que las posiciones de la mayorí­a de la comunidad escolar, que defiende la prioridad de la enseñanza pública, sean tenidas en cuenta y orienten el futuro educativo de nuestro paí­s. Esperamos que el gobierno cumpla sus promesas y que la escuela pública ocupe por fin el lugar que le corresponde.