Las comunidades Embera habí­an manifestado su preocupación con la presencia de guerrilleros y soldados en sus territorios, denunciando su incomunicación, el irrespeto a sus tierras y el riesgo de su supervivencia, además de su dignidad de hombres, mujeres y niños.

Los indí­genas de esa región vienen conviviendo con el problema desde el año de 2002 cuando el gobierno colombiano autorizó la ocupación de los territorios Embera sin consultar a los Cabildos Mayores, que son las legí­timas autoridades indí­genas de la región. Desde ahí­, la presencia de militares, oficiales o no, representa un peligro a la seguridad del pueblo.

– Otra vez más, los territorios indí­genas se ven involucrados en un conflicto que no nos pertenece y no hacemos parte; por lo tanto rechazamos cualquier tipo de agresión armada a nuestros pueblos por aquellos que persisten en involucrarnos en sus guerras-, señala en comunicado la Onic.

Los enfrentamientos se realizan, a pesar de que las organizaciones indí­genas solicitaron al gobierno medidas urgentes para la protección de los miembros de la comunidad. Sin embargo, el gobierno colombiano no suspendió el operativo militar en el área. La decisión no respeta el acuerdo firmado en abril de 2000, que trata de la no participación de las comunidades en el conflicto armado.

Ante los hechos, la organización pide apoyo a la comunidad nacional e internacional, a los organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, para que estén vigilantes al respecto de las vidas, autonomí­a y integridad territorial y cultural de los pueblos indí­genas.