Los motivos que nos llevan a rechazar esta oferta son, básicamente, los siguientes:

– La propuesta presentada en nada se parece a la inicialmente aireada por el ministro Jordi Sevilla, de un aumento salarial del 3,5%. Se vende como una subida del 3,2% global lo que, en el mejor de los casos, sólo afecta a una administración, puesto que la subida al 0,5% del fondo de pensiones no llegarí­a de ninguna manera al personal dependiente de otras administraciones. Tampoco afecta la subida de las pagas extras (20% del C.D.) a aquellas personas que, en su comunidad autónoma o en su Ayuntamiento, tienen ya conseguida la incorporación del complemento de destino.

Por lo tanto, la única subida salarial real es la del 2% (IPC previsto para 2005) o lo que es lo mismo, nueva pérdida de poder adquisitivo (el IPC anual está por el 3,3%).

– Es cuestionable el ámbito en el que se quiere hacer lo que no está siendo sino una parodia de negociación. La Mesa en cuestión reúne sólo a organizaciones sindicales de la Administración General del Estado, mientras sus acuerdos vinculan, por la ví­a de los Presupuestos Generales del Estado, a todo el personal empleado público, sea cual sea el sector al que pertenezca o la administración de la que dependa.

– Se sigue vendiendo como subida salarial la aportación a fondos de pensiones "“o salario diferido, como lo están llamando-. Llama la atención el interés de los sindicatos presentes en la mesa "“y accionistas en la entidad gestora de este fondo de pensiones - por incluir el dinero que debiera destinarse a las empleadas/os públicos, en estos fondos.

– La propuesta se olvida de reivindicaciones salariales fundamentales, como la subida igual al IPC real; recuperación de poder adquisitivo y cláusula de revisión salarial; pagas extras iguales a sueldo mensual í­ntegro; trienios para el personal interino y eventual; desaparición de los complementos de carácter arbitrario como la productividad o disminución de las diferencias salariales.

– Igualmente se refuerza la contribución para privatizar el sistema público de pensiones y se conduce a la generalización de los fondos de pensiones para el personal de las administraciones autonómicas y locales.

Por último, cabe recordar que tampoco se habla nada de asuntos tan importantes como la jornada laboral, la movilidad, estabilidad en el empleo y acceso a la función pública, negociación colectiva del personal empleado público, formación, conciliación de la vida laboral y personal, salud laboral o defensa de los servicios públicos, por lo que cabe concluir que se trata de una propuesta que dista mucho de ser la idónea desde un punto de vista de defensa de los servicios públicos y de sus trabajadoras y trabajadores.