CC.OO. ACUSA AL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE PERSECUCIÓN HACIA EL OPERADOR POSTAL PúBLICO

La nueva multa impuesta al operador postal público, la cuarta en algo más de un año, supone una decisión desproporcionada en su cuantí­a e injusta, a juicio de CC.OO., si tenemos en cuenta la realidad del sector postal español, uno de los más liberalizados y de menor monopolio de toda Europa, con la presencia de más de 2.000 operadores privados, con unas de las tarifas más bajas de la Unión Europea y una notable reducción de las aportaciones del Estado durante los últimos años.

Para CC.OO. es preocupante que el argumento de presunta posición dominante del mercado por parte de Correos sea utilizada por dicho Tribunal sin tener en cuenta el desequilibrio de rentabilidad entre el Servicio Postal Universal, aquel que garantiza los servicios postales entre cualquier punto de la geografí­a española, con independencia de su rentabilidad económica, y el resto de servicios postales. En efecto, las denuncias de los operadores privados origen de las últimas sanciones se centran en los servicios en las grandes capitales, aquéllos que suponen una mayor rentabilidad.

En este sentido, CC.OO. entiende que esta nueva sanción viene a confirmar una preocupante tendencia del Tribunal de Defensa de la Competencia hacia el operador público, comprometiendo la garantí­a de un servicio postal público para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, y demostrando un interés de parte que está rompiendo el equilibrio entre la garantí­a de prestación de servicio público y su rentabilidad económica. Todo ello, además, en la empresa pública del paí­s con mayor plantilla, con cerca de 67.000 trabajadores, lo que añade un factor laboral añadido al grave perjuicio social que puede causar esta multa.

CC.OO. reitera su rechazo a una iniciativa que, lejos de estar motivada por una interpretación rigurosa de la legislación postal, demuestra un posicionamiento ante el futuro del servicio postal público, iniciado hace dos años, con un claro trasfondo de intereses económicos a los que está dando cobertura.

El sindicato confí­a en que el Gobierno, correspondiendo a los compromisos explicitados en defensa de los servicios públicos y los trabajadores, y ante una decisión que afecta claramente a un servicio de claro componente social, ponga fin al hostigamiento que el mencionado Tribunal está desplegando hacia la Sociedad Estatal. Madrid, 5 de noviembre de 2003