No existe, o por lo menos nadie conoce, que una obra de esta envergadura, con este grado de impacto, con este coste económico, que pone en riesgo la viabilidad futura del puerto de Santa Cruz... se pueda sacar adelante en medio de tantas mentiras. De la imposibilidad de ampliar el puerto de Santa Cruz -principal argumento de los promotores del puerto de Granadilla- se dice ahora que sí­ se puede pero, eso sí­, sin modificar una coma del proyecto inicial de Granadilla.

De un puerto al que se iba a desviar todo el tráfico comercial de la Isla (tal y cómo aún hoy en dí­a defiende el plan de ordenación de la Isla, PIOT), a un puerto sólo para el gas y el cemento. Eso sí­, sin modificar una coma del proyecto inicial del macro puerto industrial y comercial.

Un proyecto en el que la Viceconsejerí­a de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias ha eliminado, polí­ticamente, cualquier referencia negativa en cuanto a los impactos ambientales en contra de sus propios servicios técnicos, universidades y demás. Situación ésta sin precedentes que ha llevado a doña Milagros Luis Brito a ser objeto de una querella criminal de Greenpeace ya admitida ha trámite. Por cierto que a doña Milagros no le gusta mucho la justicia ordinaria -a la que nos sometemos todos los ciudadanos- y ha hecho valer su condición de -aforada- para que su caso lo lleve el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que, como sabemos, está compuesto por magistrados elegidos por los partidos polí­ticos.

Un proyecto sobre el que, hasta el dí­a de la fecha, ha sido imposible sentar públicamente en una misma mesa a los defensores y detractores para contrastar argumentos. Eso porque los primeros jamás han aceptado debate público alguno por si alguien les pregunta por la verdadera motivación de ese innecesario puerto, como es la compra masiva de terrenos por los especuladores de siempre en la zona.

En definitiva, una serie de situaciones que en realidad se resumen en una: nula posibilidad real para los ciudadanos de participar en los procesos polí­ticos de toma de decisiones o, lo que es lo mismo, la descarada intención polí­tico-empresarial y mediática de hacer inviable cualquier tipo de respuesta al derecho constitucional de -participación ciudadana-, aplastando a todo el que discrepe como quien mata moscas a cañonazos.

Las consecuencias de todo esto están dando lugar a un movimiento ciudadano que no se recordaba en esta tierra desde la época de la transición polí­tica. Algo que muchos pensábamos que no volverí­amos a ver nunca más está sucediendo y la acampada es sólo un aviso de lo que podrí­a pasar si estas obras ilegales, especulativas, ambientalmente insostenibles, económicamente injustificables e injustificadas, socialmente insostenibles y desequilibradora... salen adelante sin la necesaria justificación y debate con todas las cartas sobre todas las mesas.