La organización lamenta que una reciente sentencia de la Corte invocando fundamentos procesales sobre competencia no haga posible considerar a fondo el caso de Alfonso Martí­n del Campo Dodd ante esa instancia internacional.

Numerosas y contundentes evidencias indican que en 1992 al menos diez agentes de policí­a sometieron a Alfonso Martí­n del Campo a intensas torturas en las dependencias de la Procuradurí­a General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que se declarara culpable del asesinato de su hermana y el esposo de ésta. Alfonso Martí­n del Campo posteriormente denunció que habí­a sido torturado y obligado a firmar una confesión autoinculpatoria. Además un agente de policí­a que participó en el interrogatorio admitió la tortura para extraer la declaración. Sin embargo, ninguno de estos elementos se tuvieron en cuenta para anular la confesión.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia argumenta que los hechos denunciados ocurrieron antes de que México aceptara la competencia contenciosa de dicho tribunal en 1998 y que por lo tanto, sin dirimir sobre la existencia o no de los actos de tortura, no puede jurí­dicamente estudiar el caso.

Amnistí­a Internacional lamenta que el gobierno mexicano haya desoí­do las recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con referencia al caso de Alfonso Martí­n del Campo. La Comisión ha sido la única institución internacional que ha estudiado a fondo la causa y en octubre de 2002 recomendó a las autoridades a: impulsar medidas para anular la confesión obtenida bajo tortura; disponer de inmediato a la liberación de Alfonso Martí­n del Campo mientras se revisaba la totalidad del proceso judicial; una investigación completa, imparcial y efectiva para determinar la responsabilidad de todos los autores de las violaciones de derechos humanos y una reparación adecuada a la ví­ctima.

Amnistí­a Internacional considera que es momento para que el gobierno mexicano cumpla con las recomendaciones de la Comisión Interamericana y se haga justicia en este caso de graves violaciones de los derechos humanos.

Información adicional
En enero del 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos interpuso demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras la falta de cumplimiento de las recomendaciones por parte del gobierno mexicano; lo que significó el primer caso mexicano llevado ante este tribunal internacional.

Amnistí­a Internacional ha insistido en reiteradas ocasiones al gobierno mexicano a que cumpla con su responsabilidad bajo tratados internacionales de derechos humanos de garantizar la inadmisibilidad de toda evidencia obtenida mediante coacción o el uso de la tortura

Para más información sobre el caso de Alfonso Martí­n del Campo véase el documento de Amnistí­a Internacional: Juicios Injustos: tortura en la Administración de Justicia en http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR410072003?open&of=ESL-MEX