Cuatro destacadas organizaciones de derechos humanos que esta semana han enviado observadores al juicio de Kenneth Barrett han pedido urgentemente al gobierno que británico que aplique de inmediato la recomendación del juez Peter Cory de iniciar una investigación pública sobre el asesinato, en 1989, del abogado de Belfast Patrick Finucane.

La sentencia condenatoria dictada hoy, 16 de septiembre de 2004, contra el ex paramilitar unionista Kenneth Barrett por el asesinato de Patrick Finucane priva a las autoridades de toda justificación para seguir demorando el inicio de una investigación pública.

– Nuestros observadores han podido confirmar esta semana en el juicio que el hecho de que Kenneth Barrett se haya declarado culpable no ha servido para hacer pública ninguna información importante durante la substanciación de la causa "“ha manifestado un portavoz de las cuatro organizaciones"“. El procedimiento penal ha sido claramente insuficiente para conocer toda la verdad sobre el caso Finucane.-

Se debe proceder sin más demora a realizar una investigación pública sobre la presunta colusión del Estado en el homicidio de Patrick Finucane y su posterior encubrimiento.

Las cuatro organizaciones que han enviado observadores al juicio han subrayado la conclusión a que ha llegado el juez Cory en la que manifiesta que -esta podrí­a ser una de las raras situaciones en que una investigación pública beneficiará a una comunidad más que un procesamiento-.

– Los sucesivos gobiernos han instigado el encubrimiento en este caso de asesinato especialmente siniestro, en el que ha habido colusión de varios agentes y organismos del Estado, incluidos la policí­a y el ejército "“ha añadido el portavoz de las organizaciones"“. Ha llegado el momento de someter el asesinato de Patrick Finucane al escrutinio independiente que requiere. No hay ya ninguna excusa para las evasivas, así­ que esperamos que el primer ministro anuncie el inicio inmediato de una investigación pública.-

El representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos sobre la independencia de magistrados y abogados, así­ como diversas organizaciones internacionales y locales de derechos humanos, como la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Human Rights Watch y el Centro Pat Finucane, también han pedido anteriormente al gobierno británico que inicie una investigación sin demora.

La investigación debe centrarse en la colusión de agentes del Estado con paramilitares unionistas en el asesinato de Patrick Finucane, en la información según la cual esta muerte fue el resultado de la polí­tica del Estado y en las denuncias de participación de diferentes autoridades del gobierno en el posterior encubrimiento de la colusión.

Información complementaria

El combativo abogado de derechos humanos Patrick Finucane se encontraba en su casa, en Belfast, Irlanda del Norte, en 1989 cuando paramilitares unionistas dispararon 14 veces contra él. Su homicidio fue sólo uno más de una serie asesinatos que se cometieron presuntamente en colusión con las fuerzas de seguridad británicas.

Casi inmediatamente después del homicidio de Patrick Finucane comenzaron a hacerse sólidas y creí­bles denuncias de colusión estatal. Desde entonces han aparecido presunciones de hecho de conducta delictiva de agentes de la policí­a y de los servicios de información militar que actuaron en colusión con los paramilitares unionistas en el homicidio. Asimismo, se han hecho denuncias de encubrimiento posterior que apuntan a distintas instituciones del Estado y autoridades del gobierno, incluidas la policí­a, el ejército, el M15 ,el servicio de seguridad británico, responsable oficialmente de proteger al Reino Unido contra las amenazas a la seguridad nacional, y la Fiscalí­a de Irlanda del Norte.

En mayo de 2002, los gobiernos británico e irlandés nombraron al juez Peter Cory, ex magistrado de la Corte Suprema de Canadá, para investigar una serie de homicidios, incluido el asesinato de Patrick Finucane, en los que, según informes, habí­an estado implicadas las fuerzas de seguridad.

El juez Cory presentó sus informes en octubre de 2003, pero las autoridades británicas tardaron seis meses en publicarlos, anunciando a la vez el inicio de investigaciones públicas sobre tres de los casos. No obstante, las autoridades no quisieron anunciar la apertura también de investigaciones públicas sobre el caso de Patrick Finucane a pesar de que el juez Cory habí­a llegado a la conclusión inequí­voca de que -sólo una investigación pública bastará-. En vez de ello, hablaron de -preparar lo siguiente al final de las acciones judiciales-.