Amnistí­a Internacional ha resaltado también el riesgo que para la población podrí­a tener la venta de armas por parte del Gobierno español al colombiano, si no existen garantí­as de que no se utilizarán para la comisión de violaciones de derechos humanos.

Agravamiento de la crisis de derechos humanos

La crisis de derechos humanos en Colombia, se ha visto agravada por un conjunto de medidas llevadas adelante por el gobierno de Álvaro Uribe englobadas bajo la llamada -polí­tica de seguridad democrática- y por la falta de disposición de dicha administración en poner en práctica las recomendaciones de Naciones Unidas. Algunas de estas polí­ticas como: el reclutamiento de -soldados campesinos- a tiempo parcial, la creación de una red de informantes civiles de un millón de miembros, la dotación de capacidad al Gobierno para amnistiar a guerrilleros y paramilitares, y el otorgamiento de poderes de policí­a judicial a las fuerzas de seguridad; lejos de mejorar la situación podrí­a fortalecer y legitimar la estrategia paramilitar. Estas polí­ticas están generando:

*Aumento del número de desapariciones forzosas, homicidios, tortura y otros graves abusos, principalmente en las áreas especiales de seguridad denominadas Zonas de Rehabilitación y Consolidación, establecidas por el Gobierno en 2002 y posteriormente declaradas ilegales por la Corte Constitucional .

*Aumento del hostigamiento y la persecución a defensores de los derechos humanos.

*Perpetuación de la impunidad y graves fallos del proceso de desmovilización de paramilitares. Pese a la declaración del alto el fuego por parte de las Autodefensas Unidas de Colombia, los paramilitares han seguido siendo responsables de matanzas, homicidios electivos, -desapariciones-, torturas, secuestros y amenazas.

*La presencia paramilitar parece consolidarse en zonas fuertemente militarizadas y los informes siguen reflejando la connivencia entre aquellos y las fuerzas de seguridad.

*Desarrollo de la legislación antiterrorista contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Para Amnistí­a Internacional cualquier proceso con grupos armados ilegales, sean guerrilleros o paramilitares, tiene que cumplir con las normas internacionales sobre el derecho de las ví­ctimas a la verdad, la justicia y la reparación. A la organización le preocupa el hecho de que la ayuda internacional que se destine al actual proceso de desmovilización de paramilitares pueda beneficiar a grupos armados que continúan matando a pesar de la declaración de cese de hostilidades, y pueda legitimar un proceso que puede incrementar la impunidad para violadores de derechos humanos.

Preocupaciones de Amnistí­a Internacional en relación con venta de armas

*Algunas informaciones aparecidas en los medios de comunicación, señalan la posibilidad de que España pueda transferir aviones de transporte a Colombia. A Amnistí­a Internacional le preocupa especí­ficamente, que el gobierno colombiano utilice estos aviones para transportar unidades que puedan violar los derechos humanos. La exportación de aviones con ese fin, podrí­a violar el Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas.

Por ello, y aprovechando la visita de José Bono a Colombia, solicitamos al Gobierno español que no se produzcan exportaciones de armas ni transferencias de material de inteligencia y seguridad a Colombia, mientras no existan garantí­as claras y suficientes de que las mismas no serán utilizadas para la comisión de violaciones de derechos humanos.

Pasos positivos de la administración española

Para Amnistí­a Internacional, el Gobierno español no debe ignorar la grave crisis de derechos humanos que sufre Colombia, así­ como la reiterada falta de cumplimiento de las recomendaciones de Naciones Unidas para solucionarla.

Para la organización es positivo:

*El anuncio del Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos a la Secretaria General de Amnistí­a Internacional, Irene Khan, de que la polí­tica del Gobierno español en relación con Colombia estarí­a centrada en la garantí­a de que se respeten los derechos humanos, se cumplan las recomendaciones de las Naciones Unidas y se proteja a los defensores de derechos humanos.

*La aprobación, el pasado 23 de junio, en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados de una Proposición no de Ley sobre la suspensión de la venta de armas a Colombia y el condicionamiento de la ayuda al desarrollo al respeto a los derechos humanos que instaba al Gobierno español a mantener una polí­tica más proactiva en defensa de los derechos humanos en este paí­s y contribuir al cumplimiento de las 27 recomendaciones formuladas a Colombia por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y a respetar el Código de Conducta de la UE.