El escándalo sobre tráfico de residuos tóxicos españoles que comenzó hace cuatro años con la llegada del MV Ulla a Turquí­a terminó ayer con un desastre medioambiental. El barco estaba atracado en el puerto de Iskenderun (Turquí­a) desde el año 2.000 debido a la falta de responsabilidad y de interés de las empresas propietarias de la carga por resolver el problema y la dejación de los Gobiernos turco y español. El MV Ulla transportaba más de 2000 toneladas de cenizas tóxicas que ahora se encuentran bajo aguas turcas amenazando con contaminar el mediterráneo. Por eso, Greenpeace considera que ahora es prioritario y urgente que se recupere la carga antes de que la contaminación sea irreversible y se gestione de forma adecuada.

Juan López de Uralde, director Ejecutivo de Greenpeace España, ha declarado que \’\’este lamentable caso es un claro ejemplo de irresponsabilidad empresarial y de incumplimiento de los tratados internacionales cuando los Gobiernos no controlan debidamente que se cumplan. Los residuos tóxicos del MV Ulla debí­an haber sido devueltos hace años a España, su lugar de origen, y gestionados correctamente antes de que resultaran una amenaza para el Mediterráneo".

Greenpeace expuso el problema por primera vez en febrero de 2000, cuando el barco atracó en el puerto de Isdemir. El Gobierno turco precintó e inimovilizó el MV Ulla al comprobar que su carga contení­an Cromo, VI, cuya entrada está prohibida en Turquí­a. Desde entonoces, el barco y su carga, ha estado esperando resoluciones de ambos gobiernos. Los documentos indican que España es el paí­s de origen de la carga. Y por tanto la responsabilidad de su retorno pertenece a España según el Convenio de Basilea, del que Turquí­a y España son parte.

Greenpeace descubrió que los residuos se transportaban desde tres centrales térmicas españolas y fueron enviados a otra empresa española, Dragados, en Argelia. Las cenizas pretendí­an ser utilizadas para construir una presa en Argelia. La empresa cementera Asland actuó de intermediaria, comprando las cenizas para posteriormente vendérselas a Dragados. Sin embargo, misteriosamente el barco acabó en Turquí­a en mayo de 2000 después de que la carga fuera rechazada en Argelia.

Las negociaciones entre los dos paí­ses comenzaron a nivel diplomático como resultado de las presiones de Greenpeace y otras ONGs locales turcas. España envió en octubre de 2001 una carta al Ministerio turco de Asuntos Exteriores comunicándoles que Lafarge-Asland habí­a sido multado con 50.000 euros por transporte ilegal y abandono de la carga. El Gobierno español también comunicó que habí­a obligado a la empresa a preparar un plan de acción para el retorno y gestión de los residuos. Al mismo tiempo un juez turco decidió que los residuos podí­an ser retirados del barco. Sin embargo, el Ministerio de Medio Ambiente turco decidió esperar a que España se hiciese cargo ya que eran los responsables de esta gestión.

Banu Dokmecibasi, responsable de la campaña deTóxicos de Greenpeace en Turquí­a, ha explicado que "este largo proceso ha mantenido al MV Ulla anclado en el puerto en muy malas condiciones. A pesar de las constantes denuncias realizadas por las ONGs y expertos sobre el grave impacto que tendrí­a hundir el barco, los Gobiernos han preferido esperar hasta que se ha hundido. Hemos solicitado al Ministerio de Medio Ambiente turco que tome medidas inmediatas para minimizar la contaminación del mar Mediterráneo\’\’.

A pesar de que Greenpeace España lleva años solicitando al Ministerio de Medio Ambiente información sobre la resolución de este caso (la última carta se envió en junio de 2003), el ministerio no ha contestado.

1 .- El Convenio de basilea prohibe el transporte de residuos peligrosas desde paí­ses de la OCDE a paí­ses no pertenecientes a la OCDE.