La Corte Suprema de Estados Unidos tiene la oportunidad de hacer
que la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad sea historia y de esta forma unirse a la gran mayorí­a de paí­ses que ya lo han hecho, ha señalado hoy Amnistí­a Internacional en la presentación al público de un nuevo informe sobre esta cuestión.

La Corte Suprema de Estados Unidos celebrará la vista oral para la presentación de argumentaciones el próximo 13 de octubre y está previsto que se pronuncie sobre la constitucionalidad de la aplicación de la pena de muerte a jóvenes de 16 y 17 años en el primer semestre de 2005.

– Estas ejecuciones violan el derecho internacional. El consenso alcanzado por la comunidad internacional en contra de la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad refleja el reconocimiento generalizado de la capacidad de la juventud para crecer y cambiar-, ha manifestado Amnistí­a Internacional.

Desde 2003, seis personas han sido ejecutadas en China, Irán y Estados Unidos por delitos cometidos cuando eran menores de edad. Otras personas condenadas a muerte por delitos cometidos cuando eran menores de edad aguardan su ejecución en Pakistán, Filipinas y Sudán.

– Nunca debe darse por perdida la vida de un menor, haya hecho lo que haya hecho. El principio rector que ha de seguirse es el de maximizar la capacidad del menor de reinsertarse de manera satisfactoria en la sociedad. La ejecución supone la negación suprema de este principio-, ha declarado Amnistí­a Internacional.

Scott Allen Hain fue ejecutado en Estados Unidos el 3 de abril de 2003 por un delito cometido cuando tení­a 17 años. Desde entonces se han suspendido varias ejecuciones de personas declaradas culpables de delitos cometidos cuando eran menores de edad en espera del resultado de las deliberaciones de la Corte Suprema de Estados Unidos.

Estados Unidos es el único paí­s que reconoce abiertamente que ejecutaa personas por delitos cometidos cuando eran menores de edad y reclama para sí­ el derecho a hacerlo en virtud del derecho internacional. En China, aunque la ejecución de personas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años está prohibida por ley, se ha continuado ejecutando a menores porque, según parece, los tribunales no se toman las molestias de determinar su edad.

Gao Pan fue ejecutado el 8 de marzo de 2004 por un delito cometido el
9 de agosto de 2001, posiblemente antes de haber alcanzado los 18 años.

Datos contradictorios registrados en documentos oficiales así­ como la
utilización de distintos sistemas de calendario crearon confusión con
respecto a su verdadera edad.

En un intento de probar que Gao tení­a 18 años en el momento de la comisión del delito, la fiscalí­a presentó un documento del registro de residencia firmado por el abuelo de Gao, que, según informes, al ser examinado en profundidad resultó ser falso.

El Tribunal Popular Superior de la Provincia de Hebei rechazó 32 elementos de prueba presentados por el abogado de Gao que respaldaban la afirmación de que su defendido no habí­a cumplido los 18 años en el momento en que se cometió el delito. El Tribunal rechazó asimismo una solicitud de la familia de Gao de someterlo a una revisión médica que podrí­a haber ayudado a aclarar las dudas sobre su edad.

El 15 de agosto de 2004, Ateqeh Rajabi, de 16 años de edad, fue ahorcada en un acto público celebrado en una céntrica calle de la ciudad de Neka, provincia de Mazandaran, en el Norte de Irán, por
– actos incompatibles con la castidad-. Ateqeh Rajabi habí­a sido condenada a muerte tres meses antes. Durante el juicio no se le permitió contar con asistencia letrada y el juez criticó con dureza su vestimenta y le reprendió severamente. Según parece, Ateqeh Rajabi sufrí­a discapacidad mental en el momento de cometer el delito y durante el proceso judicial al que fue sometida.

Aunque en el documento nacional de identidad de Ateqeh Rajabi figuraba que ésta tení­a 16 años, en el momento de su ejecución la magistratura de Mazandaran anunció que tení­a 22 años.