Es fundamental que el Gobierno, cuando se ponga en marcha la regularización, adopte las medidas de control oportunas para garantizar que las personas inmigrantes que se acojan a ella, y dado que está basada en la obtención de un contrato laboral y de un certificado de empadronamiento, vean facilitados los trámites de empadronamiento por parte de las administraciones locales y evitar así­ que sean ví­ctimas de estafas, engaños o impedimentos burocráticos irrazonables.

Por otra parte, las distintas Administraciones deben prever el aumento en la utilización de los servicios públicos, en concreto de los servicios sanitarios, que supondrá la regularización de entre 500.000 y 800.000 personas. Además, el incremento de los ingresos de la Seguridad Social generado por los nuevos contratos de trabajo, deberí­a verse reflejado en un aumento de los fondos destinados a los servicios públicos para que éstos se adapten a las necesidades sociosanitarias especí­ficas de la población inmigrante.

Desde Médicos del Mundo instamos al Gobierno a respetar los derechos fundamentales de las personas inmigrantes que se encuentran en nuestro paí­s y no podrán acogerse a esta regularización, y a todos los partidos polí­ticos a dejar de utilizar la inmigración como -arma arrojadiza- y abordarla como realidad social.