UGT-Madrid apoya el desbloqueo de esta operación, más aún si, al parecer, todo indica que se pretende aumentar el número de viviendas protegidas en la zona.

Ante las declaraciones de fuentes de la Consejerí­a de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio reiterando que la propuesta del Ministerio de Fomento de aumentar el número de viviendas protegidas en la zona no les afecta en tanto en cuanto la totalidad del terreno propiedad de la Comunidad estaba ya destinado a VPO, UGT-Madrid exige al Gobierno Regional que no intente desvincularse de una operación que puede aumentar el número de viviendas protegidas en la zona y que, frente al nuevo acuerdo que las tres administraciones tendrán que negociar para acometer esta actuación, proponga al Gobierno Central el aumento del porcentaje de VPO en la totalidad de los terrenos destinados a la edificación de viviendas.

Sólo así­ gozará de credibilidad la propuesta de Esperanza Aguirre referente a impulsar la vivienda protegida en esta zona de Madrid.

No obstante, es preciso recordar que los anteriores gobiernos del Partido Popular pretendieron impulsar esta actuación urbaní­stica con la intención de entregar a las grandes promotoras suculentos beneficios, elevando el í­ndice de edificabilidad del 0,6% al 1,2%, elaborando una Ley del Suelo para encajar esta actuación y arrinconando el número de VPO al aumentar las oficinas y viviendas libres.

Con el cambio del Gobierno Central, todo apunta, al contemplar la necesidad social de la vivienda protegida, un giro en la práctica especulativa de esta operación.

UGT-Madrid recuerda a la Presidenta de la Comunidad Autónoma que no solamente en los terrenos de Chamartí­n puede levantar VPO, sino que, ante la urgente necesidad de vivienda de estas caracterí­sticas en la región, aborde las medidas oportunas para garantizar el acceso a una vivienda digna a todos los ciudadanos y ciudadanas que hoy por hoy han de destinar hasta el 70% de su renta a la misma.

UGT-Madrid invita a Esperanza Aguirre a impulsar, en este año que finaliza el mal llamado Plan de Vivienda (2001-2004) puesto en marcha por su correligionario Alberto Ruiz-Gallardón, un verdadero plan integral de vivienda protegida elaborado mediante la concertación social.