La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) no puede por menos que manifestar su indignación por la actuación de la titular del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Ribeira, que, de hecho, ha bloqueado la firme voluntad de nuestra ONG por esclarecer los terribles hechos del buque Wisteria. A juicio de CEAR, dicha Juez, en lo que constituye un cúmulo de despropósitos que han retrasado la investigación más de tres meses, cerró el caso precipitadamente (permitiendo que partieran el buque y los tripulantes imputados), exigió una fianza desproporcionadamente alta para que CEAR se personase como acusación popular y, dos meses después de presentada la querella, todaví­a no ha reiniciado la investigación. CEAR no descarta comunicar estos hechos al Consejo General del Poder Judicial y solicitar directamente a la Audiencia Nacional que asuma el caso y lo saque definitivamente de Ribeira.

Desde el momento que CEAR tuvo conocimiento de lo ocurrido a bordo del buque -Wisteria- manifestó su deseo de personarse (escrito del 3 de junio de 2004) en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción Nº 1 de Ribeira para esclarecer lo ocurrido con los cuatro polizones que fueron abandonados por la tripulación en alta mar a una muerte segura. El 25 de junio se notificó a CEAR que se exigí­a para su personamiento en la causa formalización de la querella y constitución de fianza, sin especificar. CEAR preparó urgentemente la querella, que se presentó en el Juzgado de Ribeira el 1 de julio, contra el capitán del barco y quienes a la luz de la investigación resultaran penalmente responsables, por los presuntos delitos de homicidio, denegación del deber de socorro, desaparición de personas, torturas y piraterí­a contra el capitán del barco y quienes a la luz de la investigación resultaran penalmente responsables. Se solicitaba la detención del capitán y del primer oficial, la retención del barco, el croquis de la balsa en la que fueron abandonados los polizones senegaleses y datos sobre el buque para tratar de reconstruir los hechos.

Pero para ese momento el buque ya habí­a sido autorizado a zarpar del puerto de Ribeira rumbo a Panamá, y la juez habí­a decidido archivar el caso, devolver el pasaporte a los 5 encausados, alzar la medida de presentación semanal a su presencia y permitir que todos ellos regresaran a sus paí­ses de origen (Corea del Sur y China) sin dejar ni siquiera constancia de sus domicilios.

Desde el 1 de julio pasado la querella presentada por CEAR estaba sobre la mesa de la Juez titular instructora del caso, quien tení­a que resolver sobre su admisión y exigencia de fianza. Tuvieron que pasar 27 dí­as para que el juzgado notificara a CEAR que si querí­a personarse en la causa debí­a depositar previamente la exorbitante cantidad de 2.000 euros como fianza. Al dí­a siguiente, CEAR habí­a consignado dicha suma y presentado escrito en el Juzgado, esperando que, por fin, arrancarí­a la investigación con la práctica de las pruebas demandadas en la querella.

Un mes después la Juez ha dictado una providencia (de fecha 30 de agosto y que se nos notifica el 3 de septiembre) en la que se admite a CEAR como acusación particular pero se dice: -Respecto a lo interesado en el escrito de fecha 1 de Julio de 2.004 "“querella de CEAR-, estese a lo acordado en el Auto de 25 de Junio de 2.004 "“archivo de las actuaciones por entender que España no es competente en este caso- sin perjuicio de reproducir sus pretensiones por medio de los recursos establecidos en las leyes-. Esto traducido significa que: la Juez no accede a practicar ninguna de las pruebas pedidas por CEAR, que mantiene cerrado el caso, y que si CEAR quiere recurrir contra el auto de archivo (que todaví­a no nos ha sido notificado formalmente) puede hacerlo. Como el recurso a presentar serí­a ante la propia Juez, es lógico pensar que serí­a igualmente rechazado, y tardarí­a otro mes más por lo menos. En caso de no prosperar dicho recurso, CEAR podrí­a apelar ante la Audiencia Provincial de La Coruña, lo que se demorarí­a al menos 6 meses más.

En definitiva, que para cuando se quisiera iniciar la investigación, habrí­an transcurrido otros 8 meses como mí­nimo, con lo que la localización de los tripulantes implicados serí­a casi imposible y resultarí­a muchí­simo más difí­cil encontrar pruebas. Todo un despropósito por parte de la Justicia, que deberí­a ser ejemplarizante en un caso como el del Wisteria, trágico exponente de la conculcación de los derechos humanos y la desprotección que padecen quienes se aventuran a la mar como polizones para escapar de la guerra, del hambre o de la persecución.