El proceso de construcción democrática tiene como principio central la dignidad de la persona humana. El Estado, mediante sus Poderes e Instituciones, tiene como finalidad el respeto,
protección y realización de los derechos fundamentales. Por su parte, la Democracia exige participación en un proceso de
autogobierno; una de estas formas se expresa a través de los movimientos sociales que buscan una democracia plena en la cual los derechos humanos sean efectivos. No existe Democracia sin
Derechos Humanos.

Sin embargo, constatamos que en América Latina se producen acciones evidentes contra los movimientos sociales, criminalizando las conductas reivindicatorias e intentando aniquilar
las direcciones de dichos movimientos con persecuciones, amenazas, encarcelamientos arbitrarios, hasta inclusive torturas y
muertes.

El Poder Judicial no puede servir de instrumento para estos intereses. No puede obstaculizar el ejercicio de la ciudadaní­a, que se expresa a través del derecho a la reivindicación. Al contrario, el Poder Judicial debe ser el garante de los derechos. O sea, el guardián de la dignidad humana.

En este marco, la visita de la DELEGACIÓN DE JURISTAS BRASILEÑOS al Estado Boliviano del 25 al 29 de agosto de 2004, constató la necesidad de mayores investigaciones sobre las posibles violaciones a los derechos y garantí­as fundamentales de los luchadores del pueblo. En particular, es importante DESTACAR EL CASO DE FRANCISCO CORTES, ciudadano colombiano, conocido defensor de los Derechos Humanos, cuyos derechos al debido proceso legal, a la amplia defensa y a un tratamiento digno como preso, no están siendo respetados.

Así­ mismo, los jueces y juezas reunidos en este encuentro mundial, DECLARAN LA NECESIDAD, como parte del proceso de construcción democrática latino-americana, que sean respetados los tratados internacionales firmados, INDICANDO QUE continuara el acompañamiento al caso presentemente referido, rechazando cualquier tipo de intervención , interna o externa, en contra del cumplimiento de la Justicia.