Los ciudadanos saben mejor que nadie la calidad de servicio que presta Correos a sus usuarios. Este Servicio Público, modélico en su dí­a, actualmente y debido a esa nueva etapa de continuas transformaciones, sabido es por las quejas de los usuarios que deja mucho que desear, aunque se empeñe la dirección y algunos voceros en propagar lo contrario. En todo este proceso de cambios, encaminados a su más que previsible privatización, los trabajadores, como siempre, son los más afectados, por la inseguridad que contemplan para su futuro, la pérdida continua de derechos ya adquiridos, etc.

Hace años que no se celebran oposiciones y gran parte del personal es contratado. Los funcionarios han visto recortados sus derechos contemplados en la normativa de la función pública. La nueva normativa supone una desvinculación del resto de la función pública. Estas medidas se están haciendo posible con el visto bueno de los sindicatos que las apoyan (CC.OO., UGT y CSIF) y la firma de acuerdos con la Dirección, y provocan que el servicio se vaya deteriorando al igual que las condiciones de trabajo de los empleados postales.

La calidad del servicio ha caí­do por los suelos. Cuando se cubren las bajas es porque ya se llevan dí­as sin repartir esos distritos. Mientras tanto, para el personal contratado, las medidas de acoso y presión son los mecanismos empleados para aumentar la productividad de una plantilla que es insuficiente, que está desbordada por la carga de trabajo y completamente desmotivada.

La Dirección, junto con estos sindicatos que se llaman mayoritarios, ha institucionalizado un modelo de contratación que resulta un fraude escandaloso. No se respetan listas de contratación y esta se realiza sin ninguna garantí­a ni control sindical. Una sentencia de la Audiencia Nacional (por denuncia interpuesta por la CGT), que obliga a Correos a hacer fijo al personal con contrato en fraude de ley, vení­a a arreglar de alguna manera este estado de cosas, al mismo tiempo que marcaba unas directrices en las que moverse con garantí­as para los trabajadores. La Dirección, apoyada por estos sindicatos afines, ha optado por no cumplir esa sentencia y despedir o trasladar al personal afectado: sin tiempo de planificar su futuro, atropellando derechos, obviando responsabilidades y cargas familiares de esas personas, les ofrece de un dí­a para otro, tomar posesión de su plaza a cientos de kilómetros. Muchos de estos trabajadores, cientos de personas, han sido obligados a renunciar al puesto de trabajo por las condiciones en que se ha realizado el traslado.

De esta situación son responsables los que deberí­an velar por una buena gestión de este Servicio junto con los sindicatos antes mencionados, aunque alguno ponga paños calientes, y se llame a capitulaciones, pero los Acuerdos están ahí­ y están lo suficientemente claros.

Esta normativa de contratación que han puesto en uso favorece la precarización. No se abrieron en su dí­a las listas, para poder contratar libremente, haciendo dejación de los derechos adquiridos por los trabajadores, y ahora se pretende regular de nuevo, cuando se ha acabado ya con los derechos que se tení­an consolidados. Según el nuevo modelo (que es consecuencia del nuevo Convenio Colectivo suscrito por estos sindicatos afines a la Dirección y que la CGT tiene recurrido con sentencias favorables ya a estas fechas) se impone una rotación absoluta, con contratos basura a tiempo parcial, sujetos a los informes de los jefes, que implican la exclusión de quienes tengan problemas de salud, despido libre, etc, etc. Ese es el modelo administrativo que Correos quiere para sus trabajadores eventuales y, mientras tanto, pretende acabar con la plantilla que aún queda de funcionarios, con prejubilaciones incluidas.

El interés empresarial, aunque sea por encima de los derechos de las personas, es el que prima en la Dirección de este Organismo, que ve la meta que persigue (privatización) cada vez más cercana, con la ayuda inestimable de sus sindicatos afines.