La legislación estatal sobre telecomunicaciones y espacio radioeléctrico, promulgada por el anterior gobierno del PP, fue hecha a medida y en función de los intereses de las operadoras de telecomunicaciones y supuso la proliferación caótica y sin ningún control de las estaciones base de telefoní­a móvil y otras infraestructuras de telecomunicaciones, la instalación descontrolada de estas redes radioeléctricas, un aumento significativo de la contaminación electromagnética y de la percepción social del riesgo asociado a estas infraestructuras y un cúmulo, en la práctica, de irregularidades urbaní­sticas que afectaron y afectan a muchas instalaciones de telefoní­a móvil: carencia de licencia urbaní­stica, vulneración de la altura máxima de las ordenanzas de edificación municipales, incumplimiento de la normas básicas de protección contra incendios, etc.

El desarrollo de la nuevas redes de telefoní­a móvil UMTS va a suponer más de 10.000 antenas estaciones base, según las operadoras, en nuestro paí­s con lo cual esta proliferación desordenada y caótica va a aumentar significativamente la contaminación electromagnética a la que estamos expuestos los ciudadanos y ciudadanas La movilización social y ecologista ha promovido que varias comunidades autónomas desarrollen normativas más estrictas y valores lí­mite de emisiones radioeléctricas mucho más bajos que los formulados en el ámbito estatal, como es el caso de Cataluña, La Rioja, Castilla y León; o el caso de la comunidad de Castilla-La Mancha que han establecido unos valores limite de radiación radioeléctrica miles de veces inferiores a la normativa estatal, con objetivos de precaución respecto a la protección de la salud, intensificando las recomendaciones mí­nimas comunitarias. Diversas instancias cientí­ficas e investigadoras sobre bioelectromagnetismo, como los firmantes de la Declaración de Alcalá se han manifestado también en este sentido y, en este sentido, Ecologistas en Acción demanda al Gobierno que establezca mecanismos de control y planificación sobre el desarrollo de estas redes de telefoní­a móvil, y una reforma significativa de las normativas estatales con los criterios de precaución y prevención de la salud pública y principio ALARA/ALATA (el nivel de emisión más bajo técnicamente posible).

Se hace necesario una reforma en profundidad de la legislación estatal con la inclusión de las recomendaciones de la Conferencia Internacional de Salzburgo sobre telefoní­a Móvil y Salud Pública y que ya han sido adoptadas en paí­ses de nuestro entorno como Italia o Suiza o en la legislación de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.