En lo que llevamos de año (hasta julio de 2004) se han firmado en la Comunidad de Madrid un total de 1.263.847 contratos de trabajo que es la suma de los realizados en las distintas modalidades: indefinidos ordinarios, fomento de empleo, obra, interinidad, eventual, prácticas, formación, etc.

De esta elevada cifra sólo se registraron 1776 contratos con trabajadores y trabajadoras de la Comunidad de Madrid con algún grado de discapacidad, lo que representa el 0,14%. Es decir, un sólo contrato de trabajo por cada 1000 realizados ha tenido como sujeto a un trabajador o trabajadora con discapacidad en la Comunidad de Madrid.

Estas cifras son especialmente significativas si tenemos en cuenta que en Madrid hay una población con discapacidad de 350.000 personas aproximadamente y una tasa de paro que ronda el 30%.

En relación con la contratación indefinida, los datos también son esclarecedores. En la Comunidad de Madrid se han firmado hasta julio de 2004 un total de 112.576 contratos indefinidos (72.876 indefinidos ordinarios y 39.700 indefinidos de fomento de empleo), pero tan sólo se han celebrado un total de 846 contratos indefinidos entre empresarios y trabajadores con discapacidad en este periodo.

Estos datos ponen de relieve la profunda discriminación que sufren estos trabajadores en el mercado de trabajo madrileño mientras que desde las distintas administraciones públicas no existen polí­ticas reales dirigidas a la integración social y laboral de estos trabajadores.

Por todo ello, más allá de las grandes declaraciones de intenciones y acciones que apenas maquillan la realidad de una sociedad que da la espalda a miles de sus conciudadanos, UGT reclama:

El cumplimiento de la LISMI, que sigue sin cumplirse después de veinte años desde su aprobación, en lo que se refiere a inserción laboral y cualificación profesional, así­ como la escasez de recursos asistenciales y residenciales de atención especializada para este colectivo.

El establecimiento de mecanismos de control de su cumplimiento y la imposición de sanciones a aquellas empresas que estén obligadas a la cuota y la incumplan.

La exigencia a la Administración Pública para que se cumpla la ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas en los lugares de trabajo.

la realización con carácter periódico de estudios y datos detallados sobre la población con discapacidad, su inserción en la vida económica y su participación en el mercado de trabajo, con inclusión del número de trabajadores que se encuentran trabajando en los Centros Especiales de Empleo y aquellos que ingresan en el mercado de trabajo ordinario.