Conocidas por su frecuencia en Argentina (8.960 personas "desaparecidas" según la Comisión Nacional, aunque las estimaciones elevan la cifra a 30.000 después del golpe del 76), Chile (3.197 "desaparecidos" desde 1973 ) y otros paí­ses de América Latina como Perú (al menos 7.812 personas "desaparecidas" entre 1980 y 2000 según  la CVR aunque el número podrí­a elevarse) o Guatemala (40.000 personas "desaparecidas" a finales de los 80), las "desapariciones" son crí­menes atroces que han abierto heridas sin cerrar no sólo en esa región.

También han sido habituales en lugares como Argelia (4.000 "desaparecidos" especialmente entre 1993 y 1998), Bosnia (7.500 hombres y niños hasta 1995) o Marruecos (más de un millar de "desaparecidos" entre mediados de los 60 y comienzos de los 90, en su mayorí­a saharauis) e Irak (donde miles de personas "desaparecieron" bajo el régimen de Sadam Hussein).

Incluso este fenómeno aún sigue patente hoy en muchos conflictos internos de todo el mundo, como Sudán,  Colombia (al menos 600 "desaparecidos" el año pasado, la mayorí­a de ellos a manos de grupos paramilitares) y Nepal (378 "desapariciones" sólo el año pasado),

"Cientos de miles de personas han sufrido estas violaciones de derechos humanos, no ví­ctimas de las guerras, sino de polí­ticas deliberadas de represión llevadas a cabo por fuerzas gubernamentales", ha declarado Amnistí­a Internacional

Algunos de los "desaparecidos" todaví­a están vivos. Muchos permanecen en instalaciones secretas. Otros han muertos y son enterrados en fosas profundas, difí­ciles de descubrir y de identificar sus cuerpos. Cuando se descubren fosas comunes o se encuentran cuerpos en lugares insospechados, los familiares acuden a esos lugares ansiosos de encontrar restos de sus familiares.

"Las ví­ctimas de las "desapariciones" no son sólo aquellos que han "desaparecido", sino también sus familias y amigos. Sin saber si un miembro de la familia está vivo o no, la posibilidad de que hayan sido encarcelados, tratados de forma cruel, torturados o mantenidos en condiciones degradantes crece y agranda el sufrimiento de las familias", asegura la organización.

Tratado internacional contra las "desapariciones forzadas"
Estas violaciones de derechos humanos no son inevitables. Debe acabarse con la impunidad para los perpetradores de "desapariciones". Después de más de dos décadas de campaña por parte de familiares y organizaciones de derechos humanos, Naciones Unidas ha comenzado a trabajar en un borrador para un tratado internacional contra "las desapariciones forzosas", el término de Naciones Unidas para definir las "desapariciones".

Los representantes gubernamentales de los diversos paí­ses, entre ellos España, tienen en sus manos la oportunidad de  contribuir a este proceso.

De cara a la reunión en Ginebra en octubre próximo en la que se considerará un borrador de tratado internacional, Amnistí­a Internacional ha hecho un llamamiento a todos los gobiernos para que apoyen el borrador de un tratado que ofrezca una protección sólida y efectiva contra las "desapariciones forzadas" y se abra paso a su pronta adopción. Este tratado ayudarí­a a los defensores de derechos humanos y a los familiares de la ví­ctimas en sus esfuerzos de combatir las "desapariciones" en todo el mundo.

Petición al Gobierno español
Amnistí­a Internacional espera que el Gobierno español cumpla un papel activo para alcanzar este tratado internacional cuyo objetivo es garantizar  una protección efectiva a las personas respecto de uno de los crí­menes más atroces, lo que incluye la prevención, persecución de tales crí­menes, protección contra la impunidad, la reparación y la asistencia a las ví­ctimas.

España fue incluida en el 2003 por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias en la lista de paí­ses en los que se habí­an denunciado "desapariciones". En concreto, el Grupo de Trabajo ha prestado atención al perí­odo del régimen del general Franco (1939-1975), y pidió al gobierno que investigara dos casos ocurridos en 1945, fecha de fundación de la ONU. En este paí­s prosiguen los esfuerzos de organizaciones y familiares por localizar los cuerpos de las miles de personas fusiladas durante o después de la Guerra Civil de 1936-1939.

Amnistí­a Internacional ha pedido a las autoridades españolas que adopten las medidas necesarias para poner fin a las dificultades hasta ahora encontradas por los familiares para localizar y acceder a los lugares de enterramiento y exhumar los cadáveres. Igualmente la organización ha pedido medidas de reparación que contribuyan a la redignificación de las ví­ctimas.