El drama de la inmigración es el drama de las situaciones que desde hace años -desde la primera Ley de Extranjerí­a creada por el PSOE-, padecen un millón de personas que pretenden salir de la miseria en la que viven en sus lugares de origen (Bulgaria., Marruecos, Ecuador, Colombia, etc.) Por esto decimos que la mayor parte de la inmigración tiene raí­ces económicas, nacidas de las profundas injusticias y desigualdades en la que malviven 2/3 partes de la población del planeta.

La libertad de circulación es un derecho otorgado a los capitales, pese a los efectos que genera: deslocalizaciones de empresas, especulación financiera, expedientes de regulación de empleo, fraude fiscal, etc... y negado a las personas. Los derechos humanos fundamentales, entre los que se encuentra el de libre circulación y residencia (artí­culo 13 de la Declaración de los Derechos Humanos) deben estar por encima de coyunturas partidistas y de las necesidades del mercado. Su condición de esclavo moderno (los esclavos en la antigí¼edad son los no-personas, los sin derechos), le crea nuevos dueños, nuevos amos:

– El mercado, el poder económico, que exige de forma permanente mano de obra en sectores de la economí­a, como el agrí­cola, construcción y servicio doméstico, a condición de que su precio no conlleve el respeto por sus derechos sindicales, sociales y polí­ticos.

– El poder polí­tico que genera las condiciones jurí­dicas y administrativas (Ley de Extranjerí­a), vinculadas al utilitarismo y la explotación empresarial y garantiza una administración policial de control de los flujos migratorios de la fronteras sur y este

– El poder policial y represor del Estado que dedica miles de millones de euros en blindar las fronteras por medio de sistemas de vigilancia, y de forma abusiva viola sistemáticamente los derechos inalienables de las personas migrantes, sometiéndoles a un estado de ansiedad y miedo permanente.

Son cerca de un millón de personas que trabajan. ¿Por qué no tienen derechos como cualquier trabajador/a? Sin una ley excepcional, como la de Extranjerí­a, nos encontrarí­amos hablando de problemas laborales y de género(convenios, contratos, huelga, discriminaciones,etc.)

Desde CGT denunciamos esta -anunciada regularización- que deja en manos de los empresarios la decisión final de que cientos de miles de personas sean oficialmente reconocidos como ciudadanos y ciudadanas de 2ª categorí­a y preguntamos:

– ¿Qué pasará con las casi 300.000 mujeres inmigrantes del servicio doméstico, de quienes cuidan a personas mayores, enfermas, discapacitadas, etc.?

– ¿Qué pasará con los miles de trabajadores y trabajadoras temporeros del campo?

– ¿Qué polí­tica se adoptará con las redes de tráfico de mujeres que trabajan en la prostitución?

Desde CGT no podemos sino defender la regulación de todos aquellos que ya están regulados en la realidad, pese a que sean obviados por la formalidad administrativa, por eso de nuevo volvemos a reclamar -papeles para todos/as- y, una vez -regularizados- administrativamente hay que preocuparse por permitir la convivencia, generar espacios de conocimiento mutuo, dotar de infraestructuras y servicios sociales que acompañen una nueva población.