Estas serán las primeras actuaciones de la comisión militar en virtud de la orden ejecutiva en materia militar sobre detención, tratamiento y enjuiciamiento de ciertos extranjeros en la guerra contra el terrorismo firmada por el presidente George W. Bush el 13 de noviembre de 2001. La orden permite que las personas que no sean ciudadanos estadounidenses permanezcan detenidas indefinidamente, sin cargos ni juicio, o sean juzgadas por unas comisiones militares que son órganos ejecutivos, y no tribunales independientes o imparciales.

Amnistí­a Internacional ha pedido que la orden sea anulada con efectos desde la misma fecha de su firma, por defectos fundamentales y porque los juicios previstos en ella vulnerarán las normas internacionles sobre imparcialidad procesal. Las comisiones militares carecen totalmente de independencia del poder ejecutivo, impondrán severas restricciones a la defensa, no prevén el derecho a apelar ante ningún tribunal y podrí­an admitir pruebas obtenidas bajo coacción. Además, el hecho de que sólo puedan ser sometidos a estos juicios ciudadanos extranjeros viola la prohibición de que se apliquen de forma discriminatoria los derechos a un juicio justo.

"Lamentamos profundamente que el gobierno de Estados Unidos haya proseguido con sus preparativos para estos juicios y seguiremos pidiendo que se les ponga fin -ha declarado Amnistí­a Internacional-. Sin embargo, hubiera sido peor que los juicios hubieran seguido adelante totalmente vedados para los observadores independientes de derechos humanos. En este sentido,acogemos con satisfacción la invitación de la administración para asistir como observadores"