Ecologistas en Acción considera inexplicable que verano tras verano se repita la misma situación, oleadas de incendios que devoran ecosistemas forestales y destruyen viviendas y propiedades. A pesar de que las estadí­sticas anuales muestran datos, en cuanto a las causas de los incendios, prácticamente calcados de unos años a otros, las diferentes administraciones se han mostrado, hasta la fecha, incapaces de implantar medidas que realmente sirvan para disuadir a los incendiarios.

Ya no se trata de falta de medios, en general, la mayorí­a de las comunidades autónomas cuentan con partidas presupuestarias muy importantes para luchar contra los incendios. Sin embargo, según Ecologistas en Acción, esta lucha requiere de nuevos planteamientos. La actual polí­tica de prevención y extinción de incendios, basada estrictamente en el empleo de medidas de carácter técnico, no sólo no logra los efectos deseados, sino que amenaza el cumplimiento del resto de la polí­tica forestal y ambiental, al retraer una parte muy importante de los presupuestos destinados a esas materias. En algunas comunidades el presupuesto destinado a incendios supone más de la mitad de todo el destinado a Medio Ambiente. Esto supone que el resto de la polí­tica forestal y medioambiental queda muy limitada por falta de medios.

Para esta organización, la lucha contra los incendios forestales incrementarí­a su eficacia si parte de estos medios se destinaran a regular eficazmente las actividades de alto riesgo, incrementar la eficacia en la investigación de causas, terminar con la sensación de impunidad de los causantes de los incendios y a lograr una mayor implicación de las poblaciones rurales y administraciones locales. En este sentido, Ecologistas en Acción, resume en diez puntos las actuaciones más urgentes y necesarias:

1. Incremento en la dotación de medios económicos y humanos en la investigación de las causas que originan los incendios

2. Incremento en la dotación de medios económicos y humanos para facilitar la detención y condena de los incendiarios. Serí­a necesario que cada comunidad autónoma contase con una fiscalí­a especializada en medio ambiente. Actualmente sólo el 1% de los incendios termina con alguna detención.

3. Para evitar el 38% de incendios que se producen por quemas agrí­colas, serí­a necesario prohibir esta actividad. Tras un incendio provocado por este motivo la administración ambiental competente deberí­a prohibir el uso agrí­cola y ganadero durante un periodo de cinco años

4. Para evitar el aproximadamente 32% de incendios que se producen por las quemas para obtención de pastos, serí­a necesario prohibir esta actividad. Tras un incendio provocado por este motivo la administración ambiental competente deberí­a prohibir el uso agrí­cola y ganadero durante un periodo de diez o quince años. 5. Para reducir el número de incendios producidos por negligencias, lo que supone alrededor del 11% de los incendios serí­a necesario:

– Prohibir durante todo el año hacer fuego fuera de las zonas acondicionadas con instalaciones adecuadas. Revisar todos los años las instalaciones recreativas para comprobar que cumplen las condiciones que permitan su uso.

– Prohibir y sancionar el lanzamiento de colillas desde los vehí­culos y en zonas forestales recreativas.

– Prohibir quemar basuras y hacer fuego en vertederos responsabilizando de tales actos a los ayuntamientos.

6. Para reducir el 6% de incendios provocados por motivos relacionados con la caza, la administración ambiental competente, deberí­a prohibir durante un periodo de diez años la caza en las zonas quemadas para facilitar su regeneración.

7. Para evitar el 2 % de los incendios provocados por ferrocarriles y tendidos eléctricos, se deberí­a responsabilizar a RENFE y a la compañí­a eléctrica correspondiente. En caso de ví­as de tren o tendidos eléctricos con cierta peligrosidad y reincidencia la sanción deberá ser tramitada por ví­a penal.

8. Para evitar los incendios provocados para conseguir un cambio en el uso del suelo, las administraciones ambiental y la urbaní­stica, deberí­an impedir a través de las respectivas normativas autonómicas el cambio de uso de suelo y la construcción de cualquier zona quemada durante 30 años. Igualmente la administración con competencias urbaní­sticas deberí­a impedir los asentimientos residenciales en zonas forestales y de especial protección. Para el caso de las urbanizaciones, ya existentes, enclavadas en zonas forestales, cada comunidad autónoma, deberí­a elaborar una normativa que regulase las condiciones de seguridad de esos asentamientos.

9. La administración ambiental competente deberí­a encargar la vigilancia y las tareas de pronto ataque a trabajadores conocedores de la zona, habituados al monte y al uso y control de técnicas de extinción de incendios forestales.

10. Fomentar, entre las poblaciones locales, el voluntariado social con el único objetivo de defender el monte y participar en la realización de campañas informativas y de sensibilización en centros escolares, universidades y público en general

Como se puede comprobar la mayorí­a de estas medidas son regulaciones legales por lo que su puesta en marcha no exigirí­a grandes inversiones y, sin embargo, reducirí­an el número de incendios. Un aspecto muy importante es que de llevarse a cabo estas medidas, nunca saldrí­a beneficiado el incendiario. Igualmente, al potenciar la vigilancia y las medidas disuasorias, se generarí­a un importante potencial de puestos de trabajo locales.