Los funcionarios se presentaron con una  orden judicial del Juez de la 1ª Sala Criminal de Justicia Federal de Porto Alegre y entraron al local de la radio sin esperar la presencia de los responsables y abogados de la emisora. Desconectaron el trasmisor y el teléfono e incautaron todo el equipamiento.

La presidenta de la Asociación Radio Cultural y Comunitaria de Restinga, Marisa Godinho, ha informado que no recibió ninguna notificación previa y fue avisada por personas de la propia comunidad cuando los funcionarios ya estaban dentro: "estamos muy asombrados por la numerosa presencia de policí­as, una demostración de fuerza exagerada". A su llegada, un policí­a federal impidió su acceso al local y apenas le fue entregado una copia del acta de actuación.

Es el segundo cierre que sufre esta emisora en los últimos dos años, a pesar de tener en trámite una solicitud de autorización ante las autoridades. Centenares de expedientes se encuentran demorados en todo el paí­s por la demora en los procedimientos administrativos, lo cual lo ha convertido en una de las trabas para el acceso de la comunidades y grupos ciudadanos a las frecuencias.

Brasil tiene una de las legislaciones más restrictivas y discriminatorias en materia de radios comunitarias. Para AMARC (Asociación Mundial de Radios Comunitarias), estas disposiciones impiden el libre ejercicio de la libertad de expresión al limitar su derecho a trasmitir a solamente un kilómetro desde el lugar de trasmisión y no autorizar el uso de publicidad y otros mecanismos de sostenibilidad como se les permite a otros operadores. Además, solo se permite el uso de una sola frecuencia para toda la radiodifusión comunitaria en Brasil de las miles disponibles en todo su territorio.