Un conflicto con historia

La liberalización de la economí­a nacional al tenor del Consenso de Washington, impulsada por la administración de Sixto Durán Ballén (1992-1996), terminó por instituir un modelo de acumulación parasitario que -como se recordará-
– explotó- en tiempos de Jamil Mahuad, colocando al filo de la insolvencia al Estado y a las
entidades paraestatales y arruinando a cientos de miles de agentes económicos.

Las causas del -crack- ecuatoriano -
capitalismo -tardí­o- y subalterno, macrosubsidios a poderosos grupos polí­tico-empresariales (únicamente el salvataje del sector financiero significó un sacrificio fiscal del orden de los 5 mil millones de dólares), sujeción de la
– economí­a real- a la bancocracia, éxodo de inversiones especulativas, congelamiento de depósitos, inflación, dolarización-, así­ como la profundización de los ajustes y reformas liberales por el gobierno de Gustavo Noboa, terminaron por pulverizar las remuneraciones de los trabajadores y las pensiones de los cesantes.

De su lado, desarreglos propios del IESS obraron en esa misma dirección. Se alude a su
– politización-, a las ineficiencias de sus administraciones, a la quiebra de miles de empresas con la correlativa disminución de afiliados, a las moras patronales, a un aberrante sindicalismo... Y, sobre todo, a la conversión del Instituto en una suerte de gigantesca caja chica del Estado para que éste, préstamos forzosos mediante, cumpla con sus implacables acreedores. Se estima que actualmente la deuda
estatal al IESS supera los 2.500 millones de dólares, cifra que por sí­ misma explica su iliquidez y la erosión de sus prestaciones, entre ellas, el pago de las pensiones a un cuarto
de millón de jubilados.

El -destape- último de la crisis de la Seguridad Social ha permitido conocer de humillantes rentas de 3 y 4 dólares mensuales.

La hipoteca del presupuesto del Estado del 2004 al pago de la deuda externa-interna y a la campaña militar contra el -narcoterrorismo- en la frontera Norte impuesta por el eje Washington-Bogotá ha venido a agudizar el cuadro clí­nico arriba descrito y ha colocado al paí­s al borde de la bancarrota, a despecho del -boom- de la cotización del petróleo derivada de la
invasión de Estados Unidos a Afganistán e Iraq.

Aprisionado por esta constelación de factores, el régimen de la -Sociedad Patriótica- vení­a incumpliendo, en la parte correspondiente, un compromiso asumido con las organizaciones
de jubilados para elevar la pensión básica a un mí­nimo equivalente al costo de la canasta básica, es decir, a 135 dólares. El sibilino y
neoliberal argumento oficial habrí­a sido que los
– desechables- no comportan un grupo de presión digno de tomarse en cuenta.

Cuando no la sangrienta ironí­a de que -los jubilados constituyen un sector social privilegiado- que dijera el ministro de Economí­a,
Mauricio Yépez.

Acción y reacción

La paciencia de los pensionistas comenzó a desbordarse cuando el consejo superior del IESS -presidido por el delegado del Ejecutivo, Fausto Solórzano- decidió, a comienzos de julio, un
reajuste de las rentas jubilares muy por debajo del mí­nimo convenido.

Fue cuando los ancianos aglomerados, con paso lento y voces estentóreas, procedieron a la toma de locales del IESS en Quito y Guayaquil, ulteriormente en otras ciudades, para luego
protagonizar enardecidas y cotidianas marchas contestatarias progresivamente respaldadas por estamentos del pueblo llano: sindicatos, activistas de los derechos humanos, maestros,
artesanos, indí­genas, afroecuatorianos, lí­deres religiosos, estudiantes, niños de la calle..., así­ como por los distintos medios de comunicación.