El barco habí­a partido el 7 de julio de Douala (Camerún), e hizo el siguiente recorrido: Abidjan (Costa de Marfil), San Pedro (Costa de Marfil), Las Palmas de Gran Canaria, Casablanca (Marruecos), y se dirigí­a hacia Vilagarcí­a de Arousa cuando CEAR supo que el capitán habí­a recibido orden de no viajar a Vilagarcí­a y llevar el buque a Dakar para intentar desembarcar allí­ a los polizones. Lo único que se ha podido confirmar es que el Victoria ha llegado hoy a Vilagarcí­a sin los polizones y que el Armador tomó la decisión de emprender rumbo a Dakar ante las -dificultades para desembarcar a los polizones en algún puerto del itinerario-.

Teniendo en cuenta que varios de los polizones procedí­an de paí­ses en conflicto bélico y donde se producen graves violaciones de derechos humanos, CEAR alertó desde el primer momento sobre la necesidad de que estas personas tuvieran asistencia letrada y de intérprete, para que pudiesen formalizar su solicitud de asilo al llegar a puerto si necesitaban de protección internacional.

Lo ocurrido vulnera, una vez más, lo estipulado en la Convención de Ginebra en cuanto a los derechos de los solicitantes de asilo, ya que ni siquiera se les ha permitido acceder al procedimiento. Además, la absoluta opacidad sobre el paradero de las doce personas que viajaban a bordo del Victoria como polizones, nos llena de preocupación, y más conociendo precedentes tan terribles como el del buque Wisteria, del que cinco polizones fueron abandonados a una muerte segura en altamar.

Pese a las gestiones realizadas por CEAR en Senegal para averiguar el destino de las doce personas que viajaban como polizones a bordo del Victoria, hasta el momento no se ha podido ni siquiera confirmar que fueran desembarcadas con vida en el puerto de Dakar, por lo que continuaremos investigando sobre el estado de los polizones.

Lo ocurrido es una prueba más de la necesidad de revisar la legislación española en materia de sanciones a los transportistas, ya que con la actual normativa de extranjerí­a pueden ser multados con sanciones astronómicas (de hasta 180.000 euros), en virtud de las sanciones que la citada legislación impone a los transportistas cuando los viajeros no viajan debidamente documentados.