Son razonables las dudas de propios y extraños. Caminamos hacia la justicia tributaria y la transparencia administrativa o reincidimos contra ella sistemáticamente como lo han venido haciendo todos los gobiernos conservadores paraguayos desde hace más de cincuenta años. Una coyuntura de estancamiento y recesión como la actual, permite la
aplicación indiscriminada de impuestos indirectos como canje por la reducción de otros de carácter directo?

La reducción del impuesto a la renta por sí­ sola fomentará la inversión productiva? La extensión del IVA a los principales productos de la canasta familiar dará al crecimiento del consumo y la ampliación del mercado interno?

La ley de adecuación fiscal fue aprobada sin debate, a través de un rápido acuerdo de dos bancadas minoritarias que juntan lograron una frágil y coyuntural mayorí­a con un voto de diferencia, la que
fue posteriormente presentada a la ciudadaní­a como el camino cierto a la formalización de la economí­a. Pero a medida que los contribuyentes individuales y representantes de sectores toman cartas en el asunto,
aparecen impactados por el tributo los consumidores, los micro y pequeños empresarios, los pequeños comerciantes, los profesionales, los taxistas, los inquilinos.

Frente a estas mismas disyuntivas, estarán nuestros representantes parlamentarios, responsables de conceder tan amplias potestades de polí­tica económica, tal vez sin medir sus reales consecuencias. Las mismas que, antes de su aplicación, están predispondiendo
negativamente a los actores económicos provocando en ellos reacciones que teóricamente se querrí­an combatir, como menores estimaciones de crecimiento, mayores expectativas de inflación, que a su vez
desencadenarí­a otros en cascada en un escenario social
ya de por sí­ al lí­mite de la tolerancia.

Los representantes situados en el parlamento nacional, quienes a través de un acuerdo de poderes han llevado adelante este emprendimiento deberí­an estar más que atentos y preocupados, puesto que a la fecha y a la luz de sus -efectos colaterales previos-, hasta en sus progenitores y redactores se comienzan a generar todo tipo de resalvas y reservas, quienes presentaron incluso un nuevo calendario de convergencia que comenzarí­a en el 2005 y completándose en el 2007.
Para una mejor evaluación, deberí­an leer con detenimiento el reciente documento de autocrí­tica del FMI que en referencia a su intervención de los últimos diez años en la economí­a argentina, en el sentido de
que sus recetarios y medicamentos deberán ser consumidos más diligentemente que nunca, pero más allá de sus resultados, éstos no se harán cargo de las consecuencias.

Y como cada vez son menos quienes garantizan efectos benéficos, más vale que el Parlamento Nacional no deje pasar el tiempo esta vez, y asuma al fin y al cabo la responsabilidad para la que fue electa, se tome el tiempo necesario para evaluar las consecuencias de la
aplicación de tales medidas tributarias revocando previamente los mandatos concedidos, solicite mayores informes exijiendo garantí­as y plazos, ejerza una mayor contralorí­a con transparencia, pero sobre todo, exija que se consulte a la ciudadaní­a a través de los mecanismos constitucionales previstos para la toma de decisiones que exceden el actual nivel de representación.