Experiencias pasadas demuestran que la medida emprendida genera a medio plazo problemas mayores que el inicial. Además, el hecho de que no haya habido, ni esté previsto expresamente que lo haya, un seguimiento y acompañamiento del realojo de las 43 familias gitanas va a provocar, sin duda, un agravamiento de la situación de exclusión social de estas familias. El acompañamiento es la única ví­a para asegurar en las familias con ciertas carencias y problemáticas sociales la garantí­a de un derecho fundamental, como es el de la vivienda, y el éxito de una iniciativa social de realojo. De esta forma, opinamos que es necesario diseñar un plan integral, que incluya medidas de acompañamiento y seguimiento de estas familias, para garantizar el éxito de la inversión en una nueva vivienda y del ingreso de la población gitana en nuevos vecindarios sin generar nueva problemática relacionada con el rechazo y la convivencia.

Consideramos que las razones dadas por el Ayuntamiento para obrar de este modo entran en contradicción: teniendo en cuenta que para rescindir el primer contrato con la empresa constructora se ha argumentado que éste estaba generando ciertas problemáticas de carácter social (rechazo vecinal, venta fraudulenta de las nuevas viviendas y aumento de la inseguridad ciudadana), no entendemos cómo puede haber sido sustituido por uno nuevo que no incluye ninguna garantí­a social. Entendemos, por tanto, que la solución adoptada no hará sino incrementar las anteriores problemáticas.

Por otra parte, la alarma social que este proceso está generando en la opinión pública, sin duda, va a incrementar las dificultades de inserción de las familias gitanas y exige, por tanto, que se adopten urgentemente las medidas necesarias.

Por todo ello, y dadas la experiencia de la FSGG en procesos similares y su implantación en Sevilla desde hace más de tres años, nos hemos puesto a la disposición del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla para ejercer una función asesora, mediadora o cualquiera que estime conveniente para asegurar que se retoma el proceso de modo que se garanticen los derechos de las 43 familias desalojadas.