Los Hospitales Militares forman parte del conjunto de centros sanitarios públicos y son patrimonio de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro paí­s aunque hasta el momento hayan tenido un uso exclusivo por parte de las Fuerzas Armadas.

CC.OO. denuncia también que el Ministerio de Defensa mantiene una polí­tica oscura respecto al futuro de la red sanitaria militar y somete a los trabajadores de los hospitales a la incertidumbre de no saber qué va a pasar en el futuro con su empleo y con la titularidad de los edificios y el patrimonio público y, llama la atención ante una situación a todas luces grave y que, más allá de poner en peligro la seguridad en el empleo de miles de personas, tiene como telón de fondo la liquidación de bienes públicos para ponerlos en manos de intereses privados y conseguir, con la venta, sanear el presupuesto de Defensa y contribuir de forma espurea al objetivo de equilibrio presupuestario.

El plan de cierres de hospitales militares aprobado por el Ministerio de Defensa, en el marco de su polí­tica de infraestructuras, está planteado fundamentalmente desde la óptica del interés económico y conseguir, con ello, otras fuentes de financiación para el Plan director de infraestructuras y la Directiva 1/2000 de defensa nacional. Para Comisiones Obreras, los intereses de la defensa nacional no deben mezclarse con intereses economicistas y, además, deben ser compatibles con el desarrollo social y la conservación y protección medioambiental.
A juicio de CC.OO., el Ministerio de Defensa deberí­a ser consciente que el patrimonio que dispone lo es del Estado y por tanto es patrimonio público afecto a ese ministerio. Por tanto, y por lo que interesa a los Hospitales Militares, una vez declarado el carácter innecesario de los mismos para la defensa, éstos deberí­an transferirse a otras instituciones públicas para que, se garantice la titularidad pública de los inmuebles y servicios, se mejoren las redes públicas sanitarias, sociales, asistenciales y educativas.

El escaso interés del Ministerio en convenir con otras Administraciones Públicas la transferencia de estos inmuebles para su uso y disfrute público y colocarlos en el mercado demuestra una actitud polí­tica insolidaria e irresponsable con el interés general. Los hipotéticos beneficios de la venta del patrimonio y la escasa motivación para mantener los hospitales en el marco de lo público avalan nuestra crí­tica y nuestro rechazo a las decisiones del Ministerio de Defensa y del Gobierno.

Comisiones Obreras exige al Ministerio de Defensa que presente a las organizaciones sindicales sus necesidades reales una vez finalizado el plan estratégico con el fin de abrir un periodo de negociaciones para la búsqueda de soluciones alternativas que impidan la desaparición del empleo público y de la dotación sanitaria actualmente existente y que se paralice el proceso de cierres actualmente en marcha, iniciado en los hospitales militares de la Comunidad de Madrid y que se inicien conversaciones entre las diferentes administraciones y las organizaciones sindicales con el objetivo de asegurar la continuidad de la red sanitaria pública y el mantenimiento del empleo y las condiciones de trabajo.

Comisiones Obreras considera necesaria una respuesta amplia que, además de hacer frente a las privatizaciones de los servicios públicos sanitarios, defienda el mantenimiento y el carácter público del patrimonio y que éste se ponga al servicio del conjunto de la ciudadaní­a por ello, en coordinación con la Federación de Servicios de Administraciones Pública y el Área Pública, asume el compromiso de impulsar todas las acciones necesarias que eviten la mercantilización del patrimonio público, aseguren el empleo y permitan el desarrollo de los derechos básicos en el marco del estado del bienestar.

CC.OO. muestra su apoyo y solidaridad a los trabajadores y trabajadoras que permanecen encerrados en el Hospital del Generalí­simo que están defendiendo la permanencia de este centro en la red sanitaria pública y su transferencia a la CAM para preservar el servicio público de este Hospital y hace un llamamiento al Ministerio de Defensa para que cese en su actitud antisindical que en el dí­a de ayer impidió la entrada del Secretario General y diversos dirigentes de la FSAP.