Al parecer, desde la Jefatura de la Fiscalí­a de Madrid se está cuestionando no sólo la labor de esta Sección, sino también su propia existencia. Esta actitud irí­a en sentido radicalmente contrario a las necesidades de una mayor protección jurí­dica del medio ambiente y, más en concreto, de un reforzamiento de la Sección de Medio Ambiente de Madrid.

Esta Sección, que fue una de las pioneras en España, ha tenido que afrontar en la última década la investigación de un gran volumen de infracciones ambientales de carácter delictivo. Madrid es una comunidad que, aunque no tiene una industria especialmente contaminante, si posee una gran presión humana sobre sus espacios naturales (graveras, incendios forestales, caza ilegal...) y una gran actividad urbaní­stica, en muchos casos ilegal.

El fiscal encargado de esta Sección, Emilio Valerio Martí­nez de Muniain, ha realizado las investigaciones y ejercitado las correspondientes acciones penales en estos años con gran independencia y valentí­a, no sólo contra particulares y empresas, sino también contra determinadas tramas urbaní­sticas y de gestión del agua, sostenidas y, a veces incluso, organizadas por los propios responsables de las administraciones públicas. Esta actuación la ha tenido que realizar en solitario y con escasos medios. No está de más señalar al respecto que otras provincias de caracterí­sticas similares tienen secciones o servicios de medio ambiente más estructuradas y con más medios humanos (Barcelona 3 fiscales, Valencia 5 y Vizcaya 2).

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF/Adena han solicitado de Cándido Conde-Pumpido que, en el ámbito de las atribuciones que tiene la Fiscalí­a General del Estado, se interese para que la mencionada Sección pueda seguir, al menos con los medios de que dispone en la actualidad, ejercitando su importante labor en defensa de la legalidad ambiental. Las organizaciones ecologistas reiteran además la conveniencia, expresada en numerosas ocasiones, de que se creen cuanto antes fiscalí­as especiales de medio ambiente en todas las Audiencias Provinciales, de manera que allí­ donde ahora no existen (más de la mitad) se pongan en marcha y donde ya existen fiscales dedicados a medio ambiente se garantice y refuerce su continuidad.