La decisión del nuevo Delegado Provincial de Obras Publicas y Transportes de transmitir, a través de EPSA, terrenos en 3 kilómetros de la ví­a pecuaria, previa desafectación, a los ocupantes, de los cuales muchos tienen las edificaciones destinadas a actividades económicas como ventas, tiendas de alimentación y otros negocios y por otro lado de las viviendas muchos de los residentes no son reales en la zona sino que tienen las parcelas como residencia de fin de semana. Estas transmisiones atentarí­an al principio de igualdad y de no discriminación social.

Estas actuaciones suponen además renunciar a fondos económicos inexcusables, cuando los proyectos de deslindes, amojonamiento y recuperación de ví­as pecuarias, la Delegación Provincial de Medio Ambiente los tiene paralizados o sin iniciar escudándose en falta de presupuesto mayor para esos trabajos.

El Reglamento de Ví­as Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucí­a, aprobado en 1998, prevé que solo de forma excepcional, previo estudio de cada supuesto, la Consejerí­a de Medio Ambiente podrá desafectar aquellos tramos de ví­as pecuarias que hayan perdido los caracteres de su definición o destino.

En los usos de los terrenos desafectados prevalecerá el interés público o social, de acuerdo con lo previsto en la Ley 3/1995 de Ví­as Pecuarias, por lo que los terrenos que se pretenden desafectar y transmitir, únicamente en los casos de familias sin recursos y que sean su primera residencia podrí­a entenderse que existe dicho interés.

Sin embargo en esa zona existen no solo negocios lucrativos sino viviendas de familias que ejecutan con muchos recursos sus obras de edificación y familias procedentes de otros municipios que solo residen allí­ en vacaciones por lo que es un atrevimiento inaceptable entender esa situación como de interés social.

Por eso, respecto a aquellos tramos de terrenos, con supuestos en que sí­ concurriera ese interés social, no puede pretenderse donar gratuitamente esos terrenos a sus ocupantes, que después de haber cometido actos ilegales con obras de ampliación y consolidación posteriores resulten premiados con una transmisión gratuita de suelo a diferencia del resto de la sociedad que ha de pagar por el suelo donde se compran sus viviendas.

Esta situación si la Consejerí­a de Economí­a y Hacienda, que es donde se incorpora los terrenos desafectados para ser bien patrimonial de la Comunidad Autónoma de Andalucí­a, la aprueba sin un precio de venta justo incurrirá en discriminación con los restantes ocupantes de ví­as pecuarias en toda la provincia que con razón querrán tener el mismo trato.

Es imprescindible que los terrenos que sean desafectados, ajustándose plenamente al ordenamiento -en razón de ser terrenos calificado como urbanos antes de la entrada en vigor del Reglamento- sean transmitidos a sus ocupantes por un precio próximo al de mercado y con esos fondos deslindar y recuperar las innumerables ví­as pecuarias que siguen usurpadas.