En nuestra Región la subida de los precios de la vivienda (un 218% desde 1998 hasta 2003, según datos del Ministerio de Fomento) contrasta con el incremento de los salarios, tan sólo un 27% en el mismo perí­odo.

Sólo el pasado año, el precio de la vivienda subió un 26,4% en la Comunidad de Madrid y un 31% en la capital, (un 22% en Barcelona) situándose el precio medio en 2.661 íŽ/m2 en la región y más de 3000 íŽ/m2 en la capital y que hace que el precio medio de un piso supere los 240.000 euros.

El coste de la hipoteca para la adquisición de una vivienda para un madrileño se sitúa en el 70 % de su renta frente al 65% que tiene que destinar un catalán (cinco puntos menos), 57% un balear o un 50% un andaluz (Fuente Caixa Catalunya) y del 55% como media nacional.

UGT reclama un giro de las polí­ticas del Gobierno Regional para frenar la escalada de precios y acabar con la especulación inmobiliaria que excluye del acceso a una vivienda digna a miles de ciudadanos en la Comunidad de Madrid.

UGT propone, entre otras medidas, que se abra un amplio debate social sobre la vivienda y el urbanismo en Madrid el fin de alcanzar un Pacto Social por la Vivienda y puesta en marcha de un Consejo Regional de la Vivienda con el objetivo de modificar la Ley del Suelo, articular una Ley de Vivienda y abordar revisión del Plan Regional de Estrategia Territorial.

UGT también reclama Un Plan de choque para la vivienda protegida que priorice en régimen de alquiler y que, en ningún caso, este patrimonio sea susceptible de enajenación en contraposición al Plan Joven del Gobierno Regional así­ como un Plan Integral de rehabilitación y remodelación de las áreas más degradadas de nuestras ciudades, para garantizar la regeneración urbaní­stica, social, económica y cultural de las zonas deterioradas.

El sindicato considera que son necesarias la creación de Comisiones de seguimiento en todos los Planes y Programas de vivienda, de carácter tripartito y paritario, al objeto de realizar y mantener un control efectivo de sus objetivos y la creación de una Agencia Pública de vivienda en alquiler, cuyo primer paso será el de confeccionar un Registro de Viviendas Desocupadas, promoviendo su incorporación al mercado de alquiler con arrendamiento tasado, a través de medidas como la rehabilitación, en caso de ser necesario, o los avales y seguros públicos frente a impagos o deterioros.

Finalmente UGT apuesta por una polí­tica de Consorcios Públicos donde el suelo sea propiedad de las Administraciones Públicas, permitiendo gracias a la cooperación entre administraciones, la existencia de un importante número de viviendas en plazos cortos, sin gasto público y de una forma rentable, frente a los actuales Planes de Actuación Urbaní­stica (PAUs) donde el movimiento del suelo responde a los principios de mercado, provocando su encarecimiento por dilatación en el tiempo, oferta casi inexistente de VPO y especulación.