Dos ejemplos significativos:
En 1997, el juez canadiense que presidí­a el caso Delgamuukw, confirmó el principio según el cual los indí­genas gozan de derechos territoriales ancestrales, aún en ausencia de documentos firmados: -lo que el derecho aborigen confiere, es el derecho a la tierra en sí­ mismo-.

El pasado año en Sudáfrica, quienes registraron una victoria histórica fueron los richtersveldere, un grupo de 5.000 personas pertenecientes al pueblo nama. En la década de los años 50, fueron desalojados de sus tierras para dejar lugar a una mina de diamantes. Hace 5 años, los richtersveldere presentaron una demanda contra el Gobierno y la compañí­a minera, reivindicando el derecho de propiedad de 85.000 hectáreas de tierra y de sus recursos. La sentencia definitiva de la Corte Constitucional sudafricana les dio la razón, reconociendo la validez del derecho consuetudinario, no escrito, de un pueblo indí­gena a la propiedad de la tierra. Además, ha remarcado que no cumplir con el derecho consuetudinario indí­gena se configura como una forma de -discriminación racial-, especificando que -los casos que conciernen las reivindicaciones territoriales deben ser discutidos según los términos de la ley indí­gena, sin adoptar principios ingleses-.

Así­ mismo, esta sentencia podrí­a tener repercusiones importantes en el juicio actualmente en curso en Botsuana, donde los bosquimanos Gana e Gwi han llevado al Gobierno ante los tribunales por haberlos desalojado de sus tierras ancestrales. El sistema legal de Botsuana es de hecho muy parecido al sudafricano y el veredicto podrí­a constituir un precedente.

El derecho de los pueblos indí­genas a la propiedad de sus tierras está reconocido por la Convención número 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicha convención, que representa hoy dí­a la normativa internacional más completa sobre los pueblos tribales, ha sido adoptada por Argentina en 2001. Desde entonces, se ha vuelto vinculante tanto para Argentina como para aquellas naciones que la han ratificado. Por consiguiente, tanto para el derecho internacional como la ley nacional, los mapuches son los legí­timos propietarios de sus tierras y cualquier expropiación es un acto ilegal.

Sugerir además, como afirma Benetton, que -la propiedad fí­sica, así­ como la intelectual, es de quien puede construirla con la competencia y el trabajo- es una grave ofensa para todos aquellos pueblos que han habitado sus tierras por generaciones, manteniéndolas í­ntegras para sí­ mismos y para el resto del mundo, precisamente gracias a sus competencias especí­ficas. Quien piense que los pueblos indí­genas no saben -usar- sus recursos, demuestra una falta total de conocimientos sobre su estilo de vida. Sus técnicas de supervivencia, de hecho, afinadas en el curso de milenios y aún hoy en continua evolución, les han permitido vivir de una manera sana y autosuficiente en un ambiente para nosotros áspero y hostil, en desiertos o selvas en los cuales la agricultura intensiva, por ejemplo, serí­a imposible sin causar una rápida e irreversible aridez del suelo. Si la espléndida Patagonia logra aún hoy hacer sentir a Benetton aquel -extraordinario sentido de libertad- del cual habla, ciertamente es porque para los mapuches, así­ como para los pastores nómadas en Kenia, -la tierra no es una herencia de nuestros padres, sino un préstamo de nuestros hijos-, el cual hay que proteger y cuidar con sabidurí­a.

Benetton agrega también que -el derecho de propiedad... representa el fundamento mismo de la sociedad civil-. ¿Debemos acaso entender que -no son civiles- las sociedades que no están fundadas sobre la propiedad como, por ejemplo, aquellas nómadas de cazadores-recolectores? No vale la pena entrar en una discusión sobre la arbitrariedad de los juicios o la relatividad de los puntos de vista. Más bien recordemos que los derechos colectivos constituyen un derecho fundamental para al menos 150 millones de personas y que son reconocidos no solo por la Convención número 169 de la OIT, sino también por el Pacto Internacional para los Derechos Civiles y Polí­ticos, elemento fundamental de las Naciones Unidas.

Los derechos de propiedad colectiva son fundamentales, pues dentro de muchas sociedades tribales la idea misma de propiedad individual de la tierra no existe y carece completamente de significado. No por casualidad, la asignación de tí­tulos de propiedad individual ha sido comúnmente usada como un instrumento de división y disgregación de las comunidades, convirtiéndose en una de las armas post-coloniales más devastadoras usadas contra los indí­genas. El Dawes Act de 1887, por ejemplo, dividió la tierra de los Indios de los Estados Unidos en parcelas individuales de las cuales cualquiera era libre de apropiarse con engaño, violencia o corrupción y, efectivamente, éste era su verdadero objetivo.

Ignorar los derechos colectivos de los mapuches o de cualquier pueblo tribal o indí­gena, enfatizando la importancia de la propiedad privada o la necesidad de promover nuestro modelo de desarrollo, por un -presunto- bien superior, significa recurrir a los mismos argumentos que el sistema colonial ha usado durante cientos de años para privar a los pueblos indí­genas de sus tierras y de sus derechos, condenándolos a la pérdida de su autosuficiencia, de su cultura y de su identidad.

De nada vale regalar a la ciudad de Leleque un museo para narrar la cultura y la historia de una -tierra mí­tica- tal y como ha hecho Benetton, porque los pueblos indí­genas no son restos arqueológicos, residuos del pasado destinados a la extinción, más bien son, como ellos mismos afirman, -hombres, mujeres y niños de carne y hueso, con nuestra dignidad, nuestra lengua, religión, ley... determinados a escribir y organizarse para defender todo esto de quien quiera continuar quitándonos lo que es nuestro- [del texto introductivo de Unidad Indí­gena, un periódico indí­gena independiene fundado en 1975 en Colombia].

El problema va más allá de los confines de la Patagonia. Desafortunadamente, no podemos poner remedio a las atrocidades que han sido ya perpetradas contra los pueblos indí­genas del continente americano y del mundo entero, ni resucitar a los pueblos extinguidos. Pero sí­ podemos impedir que los abusos sigan repitiéndose hoy, cuando es nuestra responsabilidad defender la justicia.

En un momento histórico, en el que la comunidad internacional debate sobre la necesidad de promover un desarrollo sostenible para el futuro mismo del planeta mirando con interés la experiencia y las culturas indí­genas, Benetton deberí­a reflexionar sobre el hecho de que hacer empresa y producir respetando al hombre y a su tierra no sólo es necesario, sino sobre todo conveniente, bajo cualquier punto de vista para todos nosotros. Desde esta perspectiva, la diversidad es un recurso importante pero, una vez más, no sirve descubrir su mapa genético, conservarla en museos o celebrarla en anuncios publicitarios, ya que ésta sólo sobrevive si viven los pueblos que la alimentan.