Los manifestantes repudian el fallo de la Cámara de Casación Penal que está procesando más de 4..000 luchadores por protestar en las calles, haciendo de la protesta popular un delito y no un derecho del ciudadano. La situación de las calles de la ciudad continúa caótica debido a la manifestación de los camioneros y fleteros que luchan contra las exigencias para obtener la licencia habilitante que rige la actividad.

La medida es encabezada por el Sindicato de Fleteros que llamó a una marcha desde varios puntos de la Gran Buenos Aires hacia la Secretarí­a de Transporte. Según la organización sindical, son 1 millón de fleteros en toda Argentina y los requisitos exigidos desde el año pasado para obtener la licencia habilitante dejan fuera a 150 mil trabajadores del sector. Estos profesionales además exigen medidas de seguridad, pues los robos se han agravado.

Ya el movimiento piquetero Anibal Verón, en conjunto con otros bloques piqueteros, está convocando a todas las organizaciones populares, para el próximo jueves, dí­a 22, para marchar hacia la legislatura de Buenos Aires. El próximo dí­a 27, el movimiento realizará una conferencia de prensa donde anunciará la continuidad del plan de lucha caso el gobierno nacional se niegue a aceptar el programa planteado con sus reivindicaciones.

Los sindicalista de la CGT (Confederación General del Trabajo) también llevaron ayer, dí­a 20, al presidente Néstor Kirchner, una lista de demandas en que, además de los salarios, se reclama un incremento en las jubilaciones y asignaciones familiares. La cúpula de la CGT también le pidió al presidente que convoque al Consejo del Salario Mí­nimo, Vital y Móvil, un ámbito de discusión al que debe llamar el Ministerio de Trabajo y reunir al Estado, a los gremialistas y a los empresarios para analizar el aumento de los sueldos.

Si dependiese del Ministro de la Economí­a, Roberto Lavagna, el movimiento piquetero se quedará protestando en las calles de la capital federal aun muchos dí­as, pues, según sus declaraciones dadas hoy a la prensa local, afirma ser casi imposible un aumento de salarios ahora. -Hasta este momento, todaví­a no está planteado- aunque indicó que -en algún momento se va a plantear- el tema y allí­ dará su opinión.

Mientras siguen las protestas, el presidente Kirchner lanzó un plan de viviendas que busca generar 360 mil puestos de trabajo. Tal proyecto contempla una inversión cercana de 3.900 millones de pesos para obras en todo el paí­s. Pero el presidente afirmó que poner este programa en marcha -lleva un tiempo-. El mandatario subrayó, intentando calmar a los nervios de los manifestantes que tomaron las calles de la ciudad con demandas urgentes, que existe un proceso anterior a la concretización del programa: -acá hay un proceso licitatorio, no es una actitud inmediata y lo primero es conseguir los fondos (a cargo del gobierno nacional) y lo segundo que tienen que realizar los gobernadores e intendentes es conseguir la tierra- donde se construirán las viviendas-, dijo.

Más reivindicaciones

Una otra reivindicación importante de los piqueteros es sobre el nuevo Código de Convivencia Urbana. Tras una movilización violenta llevada a cabo la semana pasada, los presidentes de los diversos bloques parlamentarios acordaron que el próximo dí­a 04 de agosto debatirán el nuevo Código en particular, en una sesión especial.

Este Código de Convivencia ha causado polémica porque hay puntos muy conflictivos como corte de calles, oferta de sexo en las calles y venta ambulante, además de la discusión sobre la edad de imputabilidad y penas de prisión para reincidentes.

A pesar de la postergación del debate, las organizaciones piqueteras denominadas -duras- ratificaron la marcha de mañana para exigir la derogación del Código.

Lo que pretende el nuevo Código

Entre tantas modificaciones el nuevo Código de Convivencia Urbana propone que los menores sean imputables a partir de los 14 años, responsabilizando también a sus padres por el accionar de sus hijos, aún con pena de prisión. Contrariando el Código Penal argentino, se penalizarí­a la -oferta de sexo- con arresto de hasta cinco dí­as o multa de hasta 1.000 pesos a quien lo haga -en forma ostensible en la ví­a pública-. Bajo la figura de -simulación maliciosa de apariencia- se legalizarí­a la persecución policial contra travestí­s. En ambos casos se facilitarí­a, aun más, la -financiación irregular de la caja policial- (a través del estí­mulo a las coimas).

Los cambios también proponen sancionar a aquellos que obstaculicen el tránsito en la ví­a pública, así­ como a toda forma de protesta que implique el ingreso y/o permanencia en lugares públicos, o el impedimento de entrada y salida de esos lugares (como las marchas, los escraches, las tomas, la recuperación de espacios, las movilizaciones, los cacerolazos, las sentadas, entre otras).

Micheline Matos es periodista de Adital.