Hasta ahora, la polí­tica de becas universitarias de la Comunidad de Madrid tení­a por destinatarios, fundamentalmente, a dos colectivos de estudiantes. De un lado, aquellos alumnos a quienes, por su aprovechamiento académico excelente, se les concedí­a una ayuda cuya cuantí­a dependí­a según tuvieran que trasladar, o no, su residencia a Madrid. Y de otro lado, aquellos alumnos a quienes, por su baja renta económica, se les daba una beca por importe del precio de su matrí­cula universitaria.

Pues bien, Dña. Esperanza Aguirre se ha cargado este sistema. De una parte, ha incrementado en un 300 por 100 la cuantí­a de cada ayuda por aprovechamiento académico excelente a los alumnos residentes en Madrid, hasta igualarla con la ayuda a quienes trasladan su residencia. Lo que evidencia un desconociendo del principio de igualdad, en tanto trato igual a desiguales. Y de paso, ha suprimido el requisito de empadronarse en Madrid para aquellos alumnos que vení­an a vivir aquí­, por lo que no adquieren ya la condición de ciudadanos de la Comunidad de Madrid, que contribuye a financiar sus estudios.

Ante la pregunta de dónde salen los recursos económicos para incrementar en un 300 por 100 el importe de cada una de dichas ayudas al estudio, en estos tiempos de restricción presupuestaria, está la respuesta de que surgen de cargar parte del gasto al presupuesto del año que viene y de otras acciones, como las becas a alumnos con rentas económicas bajas, que "“salvo en el caso de discapacitados- han sido suprimidas de un plumazo. Todo un ejemplo de incoherencia: la Comunidad de Madrid sube las matrí­culas universitarias un 4,5% y desaparecen las ayudas para su pago.

Si hubieran consultado al Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid, a quien compete conocer la polí­tica de becas, probablemente este despropósito no se hubiera consumado.