A éste, afiliado al Sindicato de Periodistas de Madrid (SPM), se le negó el permiso para seguir participando en la tertulia de Telecinco "˜La mirada crí­tica"™ después de que criticara en ese programa la actuación de la dirección del periódico en la huelga general del 20-J.

Esta segunda sentencia del \’caso Frechoso"™ se ha dictado después de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid aceptara el pasado 23 de marzo la recusación solicitada por la empresa editora del diario (Unedisa) contra el juez Segismundo Crespo, quien ya condenó a la dirección del periódico, el 26 de mayo de 2003, por conculcar la libertad de expresión del periodista.

En el fallo, la magistrada señala que "la empresa demandada ha vulnerado el derecho fundamental de libertad de expresión del demandante", y condena a la editora de \’El Mundo\’ "a reponer al actor en la situación inmediatamente anterior a la decisión denegatoria del 12/9/2002, que es anulada por esta sentencia, y en su lugar autorizar a dicho demandante a participar en ese programa (\’La mirada crí­tica\’); a publicar en el tablón de anuncios de la empresa el Fallo de esta sentencia; a publicar en el diario \’El Mundo\’, en las fechas siguientes a la notificación de esta sentencia, el Fallo de la misma; a indemnizar al actor por daños materiales la cantidad de 5.328,89 euros" y "a indemnizar al actor por daños morales la cantidad de 24.000 euros".

En su argumentación, la magistrada sostiene que Frechoso hizo "uso legí­timo de su derecho fundamental a la libertad de expresión e información. El ejercicio de tales derechos responden a satisfacer el interés legí­timo del trabajador (ofrecer información veraz), así­ como a la defensa de los intereses de los ciudadanos (derecho a ser informados). De ninguna manera puede entrar dicho derecho en conflicto con los intereses empresariales, que no tienen rango de derecho fundamental".

Añade la juez que "cuando el contenido de la crí­tica se refiere a irregularidades en un servicio público, y de público interés, la posible oposición entre el deber contractual de buena fe y el derecho constitucional de la libertad de expresión o información se difumina, y el trabajador, en el ejercicio de su profesión (periodista), se encuentra especialmente capacitado para formular denuncias que coadyuven eficazmente al interés general, como es informar y anteponer ese deber ante cualquier otro".

La magistrada concluye que "los hechos por los que la empresa ha prohibido al trabajador participar en el programa de TV (\’La mirada crí­tica\’) responden a una represalia por haber mantenido, además de la información veraz -no se ha probado lo contrario-, su opinión sobre la actuación" de la empresa en la huelga general del 20-J.