El referéndum es el tema principal en Bolivia, el que ocupa portadas, genera movilizaciones, defensa gubernamental a ultranza e intervenciones de personajes y empresas transnacionales. Un evento que tiene intranquilo a gran parte del Cono Sur latinoamericano, con repercusiones que han traí­do a colación, incluso, teorí­as sobre un eventual suicidio como nación, si Bolivia no opta por lo que las transnacionales, analistas como Mark Falcoff y el Gobierno de Carlos Mesa expresaron como la única opción plausible: el sí­ a las cinco preguntas del referéndum del 18 de julio.

El periodista y ex parlamentario Andrés Soliz Rada, en conversación con Adital, expresa su indignación frente al artí­culo del estadounidense Mark Falcoff, miembro del ultraconservador American Enterprise Institute for Public Policy Research, titulado -Latin American Outlook-. En ese trabajo Falcoff afirma que -el sistema polí­tico boliviano está desintegrado, el abismo entre el mundo polí­tico y la ciudadaní­a es insalvable, al igual que las divisiones raciales y geográficas. El paí­s sólo podrí­a evitar su desaparición si adopta el sistema federal, en el que cada región decida el destino de sus recursos naturales-. Y esos bienes son, principalmente, los hidrocarburos, centro de la batalla polí­tica librada el pasado domingo.

El gas como panacea

Las ideas expresadas por Falcoff no son aisladas. Un mí­nimo examen mediático, muestra la presencia constante de expresiones similares. El pasado mes de marzo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de su director para el Hemisferio Occidental, Anoop Singh, señaló que -Bolivia sólo es viable si exporta gas-. La preocupación de Singh tuvo su correlato con la declaración del Banco Mundial, que en el documento -Estrategia de Asistencia al Paí­s- advierte que si el referéndum del 18 de julio fuera negativo y Bolivia no pudiese exportar gas a Estados Unidos, -la situación económica se deteriorarí­a rápidamente y serí­a insostenible, al extremo de no poder cumplir con los compromisos externos e internos-.

Las presiones provienen, incluso, de esferas castrenses extranjeras, como fue el caso del comandante del Comando Sur estadounidense, el general James Hill, quien en visita efectuada la pasada semana a Bolivia respaldó el referéndum del gas y advirtió con recortes en la ayuda al paí­s si no se daba inmunidad a las tropas y funcionarios estadounidenses que cometan delitos de lesa humanidad en territorio altiplánico.

El referéndum contó, para suerte de Mesa, con el apoyo de los organismos internacionales, de las transnacionales petroleras, de militares extranjeros, de los empresarios nacionales y la alta burocracia estatal, de los grandes medios de comunicación y de los sectores más acomodados y enriquecidos de la población, además de los sindicatos controlados por el diputado cocalero y jefe del MAS (Movimiento al Socialismo), Evo Morales, -con ello ha quedado claro, afirma Soliz Rada, en esta suerte de lluvia coercitiva, que las petroleras han puesto a Bolivia entre la espada y la pared. Figurativamente hablando, han colocado un revolver en la cabeza del paí­s, para exclamar, como si de Al Capone se tratara ¡el gas o la vida!-

A lo señalado, se adiciona la actividad diplomática del gobierno chileno, que puso contra las cuerdas la polí­tica exterior boliviana de multilateralizar sus relaciones y aspiraciones marí­timas reivindicativas. La administración de Carlos Mesa ha cedido en sus reclamos regionales y sólo se ha quedado con una postura más agresiva en el plano interno.

Una polí­tica de dos caras

El gobierno de Mesa tiene con Chile un actuar de dos caras: una externa que busca el acercamiento y una interna que lo presenta intransigente en su decisión de recuperar su cualidad marí­tima. Como ejemplo de esta mirada interna, el gobierno de La Paz revocó el pasado 22 de junio las licencias de operación de las empresas Non Metalic y Copla, controladas por capitales chilenos y dedicadas a la explotación de la Ulexita en el Salar de Uyuni. De esa forma se cedió a la amenaza del Comité Cí­vico Potosinista de boicotear el referéndum sino se poní­a fin a lo que consideran -un saqueo de los minerales del Salar de Uyuni, por parte de empresas depredadoras chilenas-.

Esta actitud bifacial ha chocado contra el muro infranqueable de la diplomacia chilena en el tema de su relación con Bolivia. Conducta que hunde sus raí­ces desde inicios del siglo XX, cuando el ministro plenipotenciario de Santiago ante La Paz, Abraham Kí¶ning, sostení­a que -es un error muy grande opinar que Bolivia tiene derecho a exigir un puerto en compensación de su litoral. No hay tal cosa. Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo tí­tulo con que Alemania anexó al imperio la Alsacia y la Lorena. Nuestros derechos nacen de la victoria, la ley suprema de las naciones-

De nada sirvió que el gobierno boliviano presentara, en la pasada Asamblea General de la OEA celebrada en Ecuador, el denominado -Libro Azul de Demanda Marí­tima de Bolivia- que demostraba que el paí­s altiplánico tuvo salida al Pací­fico y donde se detallan las consecuencias de su enclaustramiento desde el año 1879: principalmente pérdidas territoriales y económicas. Ante la postura boliviana, Chile se limitó a presentar una reserva general. La estrategia inicial de Mesa, de denunciar en los foros internacionales que la polí­tica exterior chilena estaba asfixiando la economí­a y el progreso de Bolivia, ha fracasado.

Referéndum: un hijo transnacional

Bolivia se enfrenta a una disyuntiva histórica: nacionalizar el gas o explotarlo y venderlo bajo las condiciones planteadas por las transnacionales. En ese marco la poderosa Central Obrera Boliviana (COB) inició hace dos semanas una campaña de movilización destinada, según afirmó a Adital su secretario ejecutivo Jaime Solares, -a oponernos a este referéndum, que no contempla la nacionalización de nuestras riquezas-. Tal vez consciente que la votación puede ser masiva, Solares señaló que -la gente que quiere ir al referéndum que lo haga, no pierde la COB, pierden los trabajadores, pero la lucha del pueblo boliviano arrancará el 19 de julio, cuando el gobierno esté obligado a cumplir el mandato del pueblo, que es la nacionalización de los hidrocarburos, expresada durante las jornadas de octubre de 2003-, concluyó el dirigente sindical.

El indí­gena mallku Felipe Quispe Huanca, presidente de la Confederación Sindical única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia (CSUTCB), es más categórico y señaló que -Mesa, al no cambiar las preguntas del referéndum, ha fortalecido nuestra decisión de quemar las ánforas. Mesa tení­a que preguntar sobre la nacionalización de los hidrocarburos y dejarse de mamadas-. Por la naturaleza de sus preguntas, el referéndum ha sido calificado por campesinos, sindicalistas y opositores polí­ticos a Mesa como un -Tramparéndum-.
– Una consulta engañosa y bribona, señala Solares, que deja la propiedad real y efectiva de nuestras riquezas en manos de las transnacionales-. Para Andrés Soliz Rada -cada vez es más evidente que el referéndum y el proyecto de nueva ley de hidrocarburos son criaturas de las empresas petroleras-.

El Alto, el pueblo que tuvo un papel crucial en el derrocamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, se alzó en contra del referéndum y decretó un paro de tres dí­as, exigiendo la nacionalización del gas y el petróleo. Esta decisión, adoptada durante el congreso de la poderosa Federación de Juntas Vecinales, celebrada en El Alto la pasada semana, también sirvió para aclamar la decisión de la COB para expulsar por -traidor- al diputado cocalero y jefe del MAS, Evo Morales, que hasta principios de año tení­a un fuerte control de muchas organizaciones sociales, sindicales y vecinales de El Alto.

En Santa Cruz, los dirigentes campesinos leales a Evo Morales solicitaron, públicamente que el gobierno encarcele a los lí­deres de la COB. El dirigente oriental Benigno Vargas aseguró que su sector participará en el referéndum del gas y que resguardará la seguridad de las mesas electorales y de las ánforas, para que los resultados sean transparentes y evitar cualquier boicot. El gobierno, a través de la Corte Nacional Electoral, determinó una multa de 150 Bolivianos (20 dólares) a aquellos que no se inscribieron y los que no votaron. Lo que incluye la imposibilidad de acceder a cargos públicos y sacar documentos de identidad. La Mesa se sirvió para votar sí­ o sí­.

Además de las amenazas de los movimientos sociales agrupados en la COB, la CSUTCB, estudiantes, maestros y mineros, principalmente del occidente boliviano, existe un peligro mayor: la petición de autonomí­a de la rica zona oriental del paí­s altiplánico. Santa Cruz y Tarija han levantado su voz exigiendo el fin del centralismo y dado plazo hasta diciembre de este año para que Mesa convoque a otro referéndum pero ahora sobre la autonomí­a regional. -Llegó la hora de gobernarnos, de elegir en forma directa a nuestras autoridades departamentales, de administrar los recursos económicos y naturales que nos pertenecen-, afirmó el presidente del Comité Cí­vico santacruceño Rubén Costa.

Soliz Rada puntualiza que las ideas de Falcoff y de los Comités Cí­vicos orientales sufren de ignorancia supina: -si Bolivia no ha desaparecido, es porque en los últimos 70 años se ha producido una incontenible migración quechua-aymara, a todos los rincones de la República, la que al mezclarse con valiosas culturas regionales, ha logrado una simbiosis indo-mestiza, convertida hoy en sólida barrera frente a quienes buscan astillarnos como nación... Lo que hay de fondo en Falcoff y las petroleras es la idea de desintegrar el paí­s, de tal forma de impedir que nuestra riqueza en hidrocarburos forme parte de Petroamérica-
El referéndum del 18 de julio puso, en el centro de la discusión, la eterna dicotomí­a que pende sobre nuestros paí­ses subdesarrollados, a la hora de hablar de riquezas naturales: ser dueño de esos recursos o perder la vida como nación, que suele ser el argumento de los verdaderos propietarios de las riquezas nacionales.

Pablo Jofré es corresponsal de Adital en Chile.