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El PP consigue una y otra vez eliminar a jueces críticos y poner a afines para juzgar sus casos de corrupción
Recibida de Más Voces el 30-11-2017 a las 12:11

El Partido Popular lo ha vuelto a hacer. A medida que aparecen jueces que dan muestras de imparcialidad en los casos de corrupción y financiación ilegal que afectan al PP, éstos, tarde o temprano, son apartados de las causas y en su lugar aparecen jueces afines al partido de Mariano Rajoy. El último caso es la caída de Julio de Diego y de Ángel Hurtado, que es el magistrado que decidió llamar a declarar como testigo a Mariano Rajoy en el caso de la trama corrupta Gürtel. Hurtado ha sido apartado del tribunal encargado de juzgar si el Partido Popular se ha financiado de manera ilegal. Lo ha decidido la conservadora Concepción Espejel, magistrada próxima al PP. El juicio por el caso Papeles de Bárcenas aún se encuentra en fase de instrucción y su resultado podría verse alterado con estos cambios. Los partidos de la oposición critican esta nueva jugada judicial del Partido Popular para conseguir que sus casos de corrupción sean juzgados por jueces amigos. La portavoz parlamentaria del Partido Socialista, Margarita Robles, aseguró que esto no contribuye a aumentar el prestigio ni la independencia del poder judicial. La versión del Gobierno es la de siempre, “en España hay separación de poderes y hay que respetar las decisiones de los jueces”. Lo que no cuenta el ministro es quién ha ido poniendo a esos jueces en esos puestos decisivos, y cuando hacemos un mínimo análisis vemos que es el Gobierno del Partido Popular quien ha ido apartando a los magistrados críticos y colocando en los puestos decisivos a sus amigos. Al Gobierno del Partido Popular le interesa seguir estirando el conflicto de Catalunya, porque paralelamente están llegando noticias de la causa Gürtel que afectan al PP y a sus casos de corrupción y financiación ilegal. Como decíamos, en la Gürtel han sido cesado los jueces críticos y nombrados jueces afines al Partido Popular. Ha caído Julio de Diego, y cae, sobre todo, Ángel Hurtado, que es el magistrado que decidió sentar en el banquillo como testigo al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y en sustitución aparecen los jueces Juan Pablo González y por María José Rodríguez Duplá. Lo curioso es que González es Consejero del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Partido Popular, entre los años 2001 y 2008. El Partido Popular le ha sostenido durante 7 años en ese organismo y ahora será el hombre encargado de juzgar la causa en la que se acusa al Partido Popular. Las dos nombramientos se completa con el único magistrado que sobrevive a los movimientos del PP, José Ricardo de Prada. Los tres jueces formarán la nueva estructura que ahora juzgue al Partido Popular. Se trata del último movimiento estratégico del PP a nivel judicial, pero no es el único. Si echamos la vista atrás nos deberíamos sonrojar por tanta injerencia política en la Justicia. Hay que acordarse del juez Pablo Ruz, que fue quien comenzó instruyendo el caso y que vió cómo en mitad de su instrucción, cuando pedía una prórroga para terminar la investigación del caso, era apartado. No se le concedió esa prórroga. Después se intentó poner no solo en los puestos de los magistrados que investigaban, sino en los puestos del Tribunal que juzgaba. Y así se designó a Concepción Espejel o “Concha para nosotros”, como decía María Dolores de Cospedal. Luego Espeje fue recusada en 2015 del tribunal que tenía que juzgar el caso Gürtel por la falta de apariencia de imparcialidad debido a su afinidad ideológica al PP. Pero no fue apartada, fue ascendida y nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Y así, la recusada por imparcialidad, desde su nuevo puesto de poder, es la que acaba de hacer este último movimiento, la que acaba de designar este relevo. Es Espejel quien no juzga directamente, pero se encarga de nombrar a los jueces que van a juzgar. Pero la injerencia judicial del Partido Popular va más allá. Ha habido denuncias y sospechas sobre fiscales que, a día de hoy, siguen siendo fiscales bajo sospechas como Manuel Moix, que tuvo que dimitir como fiscal jefe Anticorrupción tras conocerse su sociedad en Panamá, pero que fue considerado desde el inicio un ariete del Gobierno para controlar una fiscalía que investiga causas que afectan al PP, como los casos Gürtel, Púnica y, en los últimos meses, Lezo. Precisamente, la investigación centrada en el expresidente madrileño Ignacio González, cuyo inicio coincidió con el estreno de su mandato, le situó en el ojo del huracán. En las grabaciones ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco se escuchaba a González felicitarse, en conversación con el exministro Eduardo Zaplana, de la futura designación de Moix al frente de Anticorrupción. También resulta escandalosa la designación del nuevo Fiscal General del Estado, Julián Sánchez Melgar, tras el fallecimiento del anterior fiscal, José Manuel Maza, fallecido el sábado 18 de noviembre. Sánchez Melgar ha sido elegido por el Partido Popular sin consulta con el resto de partidos. Pero también hay injerencia en los testigos de las causas que afectan al Partido Popular, porque por ejemplo los policías que han declarado denunciaron que están recibiendo presiones. El inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, Manuel Morocho, confirmó ante la comisión del Congreso sobre la financiación oculta del PP que los secretarios generales cobraron de la caja B. Es decir, para la policía Mariano Rajoy cobró sobresueldos ilegales. El inspector describió la Gürtel como "la corrupción en estado puro". Por eso, aunque el Partido Popular diga que los movimientos y sustituciones son cosa de jueces y que en España hay separación efectiva de poderes, cuando miramos atentamente a la realidad vemos cómo es el PP el que maneja los hilos judiciales para intentar salir indemne de sus casos de corrupción, del enriquecimiento ilícito de sus cargos y de la financiación ilegal del partido. No olvidemos que el Partido Popular tiene actualmente a más de 800 cargos imputados por casos de corrupción, un hecho que muchos consideran más que suficiente para que fuera ilegalizado como partido político.





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