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150.000 personas de la minoría rohingya de Myanmar huyen a Bangladés para escapar de la masacre de las fuerzas de la Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi
Recibida de Más Voces el 07-09-2017 a las 11:09

Según las estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más de 146.000 miembros de la minoría musulmana Rohingya han sido forzados a abandonar sus tierras en Myanmar (la antigua Birmania) y refugiarse en el país vecino bajo condiciones infrahumanas, como consecuencia de las políticas represivas del Gobierno birmano que preside la premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. De este modo la cifra de los rohingyas que han tenido que huir de la violencia de Myanmar y se han ido al vecino país de Bangladés ha llegado a alcanzar las 233.000 personas, mientras que se prevé que esta cifra aumente en los próximos días y con la continuación de la violencia perpetrada por las fuerzas gubernamentales birmanas. No obstante las fuerzas de seguridad de Myanmar están tratando de impedir el paso de los rohingyas a Bangladés y ya hay información que confirma que se han plantado minas antipersona en las zonas fronterizas con este país. Las autoridades birmanas han lanzado, desde hace meses, una fuerte política de represión contra los rohingyas, masacrando a sus miembros y quemando sus casas, y se calcula que entre 200.000 y 500.000 refugiados rohingyas viven actualmente en la precariedad, la mayoría en campamentos miserables y superpoblados. Pero conozcamos un poco más para intentar comprender este genocidio: Los rohingyas ni siquiera están reconocidos entre los 135 grupos étnicos oficiales. De religión musulmana, han estado en constante conflicto con la población budista del llamado estado Rakhine o Arakan, al oeste del país, donde viven mayoritariamente, y la Junta Militar que controló con mano firme el país hasta 2011 lanzó duras campañas de represión entre los años 70 y 90, que provocaron oleadas de refugiados hacia la vecina Bangladesh. Hoy, son considerados como migrantes ilegales y desde 1982, se les ha denegado la ciudadanía birmana, aunque sean birmanos de varias generaciones, lo que les convierte en una de las poblaciones apátridas más grandes del mundo. Su acceso a puestos de trabajo está limitado y no pueden acudir a escuelas públicas o casarse libremente. Su situación empeoró a partir de junio de 2012, cuando el conflicto se recrudeció tras la violación y asesinato de una joven budista. El Gobierno, que había iniciado una apertura democrática el año anterior, respondió confinando a la mayor parte de la población rohingya a campos de refugiados, a los que, según han denunciado activistas y organizaciones en numerosas ocasiones, la ayuda no llega. En junio de 2015, miles de personas se quedaron varadas en botes en medio del Océano Índico después de descubrirse varias fosas comunes en Tailandia y Malasia con restos de rohingyas traficados. Llama la atención que ahora Birmania está liderada, aunque no presidida por cuestiones legales, por la perseguida durante décadas y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Tras sufrir la cárcel y el arresto domiciliario durante años se erigió como la defensora de la democracia en su país y por eso fue galardonada con el Nobel. Con el fin de la dictadura militar y las elecciones democráticas de 2015, el partido de Aung San Suu Kyi ganó los comicios. Aunque no se le permite ser la presidenta, de facto es la que gobierna. La Constitución birmana prohíbe a cualquier candidato con esposo o descendientes extranjeros acceder a la Presidencia, y el marido de Aung fue británico y sus dos hijos tienen pasaporte británico. Pero tras la victoria de su partido ella prometió que estaría siempre “por encima del presidente”. Sorprendentemente, bajo su mandato, se han mantenido las políticas de exterminio contra los musulmanes rohingyas que ya empleó la dictadura militar. La situación ha hecho que 13 premios Nobel escribieran hace unos meses una carta a las Naciones Unidas denunciando el genocidio y reclamando el fin de la persecución y que se permita el ingreso de ayuda humanitaria. Entre los firmantes están el arzobispo Desmond Tutú, Muhammad Yunus, Malala Yousafzai, José Ramos Horta y Oscar Arias, entre otros.





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