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El Senado decide el día 22 si, por fin, podrán inscribirse en el Registro Civil a miles de fusilados por el franquismo
Recibida de CGT-A el 20-06-2011 a las 11:06

Algunos historiadores e investigadores elevan la cifra de estos desaparecidos (física y legalmente) a 40.000. Se trata de aquellos que no consta su muerte en ningún Registro Civil. El caso, por ejemplo del que fue Alcalde de Dos Hermanas, Antonio Muñoz Benítez, es aún más difícil pues no tiene familia (la única que puede hacerlo, hasta ahora) que solicite su inscripción, de ahí la necesidad de que los Ayuntamientos puedan actuar. La Comisión de Justicia del Senado aprobó, en su sesión de la semana pasada, la enmienda propuesta por el Grupo Socialista.

El régimen impidió de hecho las inscripciones entre agosto del 36 y febrero del 37, le siguió “las recomendaciones pertinentes” o las sugerencias para el cambio de las “causas de la muerte”, pero sobre todo actuaba el miedo, que por si era poco en aquellos de la inmediata posguerra, en el texto de la ley del 1957 y su Reglamento del 1958 no aportó nada nuevo en el orden de “igualar a las víctimas”. Hasta finales de los años 70 y principio de los 80 –con la UCD- no comenzaron las inscripciones de forma masiva (Decreto de indemnizaciones a las familias) para volver a decaer de forma importante a mediados de los 80.

Hoy, a los 75 años de que comenzaran estás prácticas de ocultamiento de los asesinatos, la situación es aún muy grave, pues los juzgados siguen exigiendo la “presencia” de testigos directos de los fusilamientos, una importante cantidad económica (entre los 3.000 y 6.000 Euros) y mucha paciencia (algunos casos comenzaron en el 2008 y aún hoy no están resueltas. María Silva Cruz “Libertaria”) y un alto porcentaje de Recursos se pierden. Hace más de dos años diversas asociaciones y entidades comenzaron la campaña pública “todas las víctimas del franquismo en los registros civiles” para sensibilizar a la clase política y posibilitar el cambio en la Ley, recogiendo apoyos (más de 900) personales, de entidades e instituciones: Los ayuntamientos de Sevilla, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, La Cabezas de San Juan, Herrera, Los Corrales, Martín de la Jara, Castilleja del Campo, Castilleja de la Cuesta, Lebrija, Santiponce y Valencina de la Concepción en Sevilla. Alcalá de los Gazules, Conil, Prado del Rey y San José del Valle, en Cádiz. Almonte en Huelva. Granada capital y las Diputaciones: Sevilla, Cádiz y Córdoba) para que se modificara la Ley. Se han mantenido reuniones con grupos parlamentarios y con el Ministerio de Justicia, al más alto nivel. No se logró introducir ninguna de nuestras sugerencias en el texto del borrador de la Ley elaborado por el Gobierno, ni tampoco que en los debates del Congreso de los Diputados se admitieron modificaciones de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida, ni de ERC.

Ahora, según nos ha comunicado directamente el gabinete del Ministro, el grupo socialista del Senado “recoge” nuestras sugerencias, mediante la elaboración de una disposición adicional “…apostando por el procedimiento del expediente administrativo … para obtener la declaración judicial de fallecimiento “. Todo ello, tras la modificación de la Ley, atenuará el rigor de la prueba de fallecimiento (Convenio nº 10 de la Comisión Internacional del estado Civil, de 14 de Septiembre de 1996). Aunque el “texto” deja muchas puertas a la interpretación, no vemos, claramente, que los Ayuntamientos puedan solicitar la inscripción de sus vecinos (con o sin familia), o se anime a los jueces y fiscales a “actuar de oficio”.

Es interesante saber que aunque la Ley, en su conjunto, no entrará en vigor hasta pasado tres años de su publicación, en el caso de los “desaparecidos del franquismo” será a partir del día siguiente de su publicación. Esta organización y las entidades y asociaciones que han venido planteando esta cuestión esperan coherencia, al menos de los senadores y senadoras (socialistas y populares) que ya han apoyado, con su voto, estas modificaciones en los Ayuntamientos y Diputaciones andaluzas. Ahora solo falta que el Pleno del Senado de el apoyo a la enmienda para su puesta en marcha rápidamente.




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