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El Ministerio del Interior rectifica y restablece los derechos del ciudadano palestino deportado en España Ahmed Alhamamra
Recibida de Asociación Juvenil La Aurora el 12-04-2011 a las 04:04

Se trata de uno de los 250 palestinos que sufrió el asedio de Israel en la Basílica de la Natividad en 2002. Fue deportado a España junto con otros dos compañeros, permaneciendo ocho años en Soria y trasladándose después a Málaga, donde reside en la actualidad. Ahmed Alhamamra inició una huelga de hambre en protesta por la decisión de Interior de obligarle a presentarse una vez a la semana en Comisaría.

El Ministerio del Interior ha rectificado la decisión de obligar al ciudadano palestino deportado en España Ahmed Alhamamra a presentarse una vez a la semana en Comisaría y le ha restituido la asignación económica comprometida para su estancia en el país. Ahmed Alhamamra es uno de los 250 palestinos que buscaron refugio en la Basílica de la Natividad de Belén en mayo de 2002, huyendo del ataque del Ejército de Israel. Los militares israelíes asediaron el templo durante 40 días, asesinando a siete personas e hiriendo a otras 40. Para poner fin al asedio, el Estado de Israel exigió la deportación de 13 palestinos. De ellos, tres, entre los que figuraba Ahmed Alhamamra, fueron trasladados a España en calidad de desplazados.

Ante la decisión de Interior, Alhamamra inició una huelga de hambre en la sede de la Embajada Palestina en España. La iniciativa de Ahmed despertó la solidaridad a lo largo de todo el Estado español de movimientos sociales, organizaciones, sindicatos, partidos políticos y personas a título individual. Este respaldo ha sido fundamental a la hora de que el Ministerio del Interior revocara su decisión. El propio Ahmed Alhamamra ha agradecido este apoyo en una carta personal que se adjunta con este comunicado de prensa.

Ahmed Alhamamra tomó la decisión de iniciar una huelga de hambre al haberle impuesto el pasado mes de febrero el Ministerio de Interior, sin ninguna justificación, medidas restrictivas a su estancia en España como la obligación de presentarse en Comisaría todos los lunes o el alejamiento de las zonas fronterizas. Además, desde principios de año se le retiró la paga que venía percibiendo.

Las restricciones impuestas a Ahmed Alhamamra suponían, en la práctica, la imposibilidad de que pueda desarrollar una vida normal, además de una vulneración de sus derechos más elementales. Cabe recordar que contra Ahmed Alhamamra no pesa ninguna denuncia ni condena y que se encuentra en España en calidad de desplazado.

Durante los ocho años que pasó en Soria no consta ninguna denuncia ni alteración de su régimen de estancia, por lo que el Ministerio de Asuntos Exteriores le permitió a finales de 2010 trasladar su residencia desde la capital soriana a Málaga. “Se tiene conocimiento”, rezaba la comunicación ministerial que autorizaba el cambio de residencia, “de que esta persona en los más de ocho años que lleva en España ha observado un comportamiento correcto”.

A la luz de este escrito, se antojaban aún más incomprensibles las “razones de seguridad pública” esgrimidas desde el Ministerio del Interior para vulnerar los derechos y libertades de Ahmed Alhamamra.




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