Tras tímidos intentos de negociación en la mesa sectorial que el Ayuntamiento retrasó más de 2 años, aquella fue cerrada en el mes de diciembre unilateralmente por la Administración sin alcanzar acuerdos. A las retrógradas e ineficaces propuestas presentadas por los representantes del Área de Seguridad, hemos de sumar el hecho sorprendente de que, en las pocas reuniones de 2 horas celebradas, los interlocutores de la Administración municipal han mostrado nulo interés por alcanzar acuerdos a través del diálogo.

Esta situación ha llevado a todas las organizaciones sindicales a profundizar en el conflicto laboral, traducido en una serie de movilizaciones respaldadas por el conjunto de la plantilla de agentes.

En este mes de febrero las centrales sindicales han sido convocadas aparentemente para la continuidad de la negociación, en lugar inadecuado y mostrando, de nuevo, el carácter autoritario de la Administración. El Área de Seguridad y Movilidad propone establecer fecha límite para alcanzar un acuerdo, el 15 de marzo. Esto demuestra la falta de voluntad negociadora y la ignorancia de los problemas de los agentes de movilidad, puesto que con el mismo ritmo anterior, en una reunión por semana, es imposible alcanzar acuerdos dada la lejanía tanto en el diagnóstico del origen de los problemas, como en el contenido de las propuestas.

Además, hemos de denunciar que en el plazo de unos meses, coincidiendo con la negociación, se han incoado más de 400 expedientes disciplinarios a los agentes de movilidad.

Las principales reivindicaciones de los trabajadores son:

* Reapertura de la mesa de negociación en cuyo seno la Administración, en esta ocasión, ha de guiarse por el principio de la buena fe negociadora, mostrando interés por alcanzar acuerdos justos con las organizaciones sindicales.

* Una Oferta de Empleo Público que en tres años cubra las necesidades completas del cuerpo, hasta ahora escasas y deficitarias.

* Aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y de las medidas de protección, cuando sean necesarias, como ordenó la Inspección de Trabajo el pasado mes de octubre.

* Desarrollo de la carrera profesional con el objetivo de tenerla, y de sustituir a los policías municipales que hacen de “tapón”, realizando actualmente funciones que no les son propias, que son competencia del personal de movilidad, con más que contrastada y reconocida competencia en el desarrollo de sus cometidos.

* Respeto de los derechos laborales de los Agentes de Movilidad, que se ven afectados con la perdida de días de descanso, modificaciones arbitrarias en los horarios, restricciones caprichosas para el disfrute de vacaciones y permisos, todo ello derivado de la nula capacidad organizativa demostrada de manera reiterativa por los responsables del servicio.

* Sobreseimiento inmediato de los ridículos expedientes disciplinarios abiertos durante el conflicto laboral.