El 30 de agosto se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de los Desaparecidos. Se trata de una fecha en la que los familiares y las organizaciones de derechos humanos aprovechan para denunciar públicamente la existencia de esos gravísimos delitos y reclamar a los Estados la responsabilidad que tienen en la erradicación de esas desapariciones y en el derecho que tienen las familias a la verdad, la justicia y la reparación.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica comenzó hace nueve años la exhumación de fosas comunes en la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo y desde entonces ha llevado a cabo la exhumación de cerca de 200 fosas comunes. En la actualidad, la asociación tiene referencia de 10.000 desaparecidos y desaparecidas cuyas familias se han puesto en contacto con ella para llevar a cabo su búsqueda haciendo la reclamación por el procedimiento que especifica el Grupo de Desaparición Forzada de la ONU.

Pero en España, tras el procedimiento abierto por el juez Baltasar Garzón, se elaboró un listado nominal de 114. 000 que se encuentran en fosas comunes. Hay que tener en cuenta la situación de ciudades como Málaga, donde desde hace más de dos años se está excavando una fosa común de 4.800 cuerpos.

El Gobierno no acata la resolución de la ONU
El 18 de diciembre de 1992 la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 47/133: Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La aprobación se llevó a cabo por unanimidad, con el voto favorable de la representación española.
Pero los diferentes gobiernos que han existido en España desde entonces han omitido su responsabilidad al asumir la citada declaración y en concreto el Artículo 2.2:
Los Estados actuarán a nivel nacional, regional y en cooperación con las Naciones Unidas para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzadas.
Vivieron gobernados por sus asesinos
La ARMH quiere volver a reclamar al Gobierno español que ponga fin al sufrimiento diario de miles de familias que desconocen el paradero de sus seres queridos y que les ayuda a encontrarlos, identificarlos y poder darles una sepultura digna. Se trata de personas que además de la desaparición tuvieron que sobrevivir en un país gobernado durante cuatro décadas por los asesinos de sus seres queridos cuyos crímenes eran reconocidos y enaltecidos por el Estado como heroicidades y tuvieron que soportar un apartheid por haber sido viudas o huérfanos de un rojo.
La sociedad española no debería permitir que sigan muriendo personas que no han tenido la oportunidad de obtener una mínima reparación y debe ser el Gobierno quien se responsabilice de garantizar esos derechos y no maltratar a esas familias negándoles el auxilio humano básico.