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El colectivo de afectados y el Sindicato Obrero Canario denunciarán ante la Seguridad Social el fraude de los tribunales médicos
Recibida de FSOC el 15-01-2008 a las 03:01

Mario Borges, en representación del Colectivo de Afectados por el Fraude de los Tribunales Médicos, y Rubén Alemán, en representación del Sindicato Obrero Canario (FSOC) presentarán este jueves en las oficinas del INSS un escrito de queja donde denunciarán que decenas de trabajadores y trabajadoras han sido objeto de un fraude por parte de los EVI (Equipos de Valoración de Incapacidades).

Como han denunciado públicamente en varias ocasiones estas organizaciones, los EVI han reconocido la situación de incapacidad temporal de múltiples afectados por diversas patologí­as, no sólo en Canarias sino en el resto del Estado, si bien les ha dado el alta "a efectos exclusivamente económicos", en aplicación del art. 128.2 de la Ley General de la Seguridad Social con la consiguiente necesidad de reincorporarse a sus puestos de trabajo para poder obtener algún tipo de ingreso sin haber obtenido mejorí­a en su salud.

El propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales se ha dado cuenta de su error, el cual ha querido rectificar con la aprobación de la Ley 40/2.007, de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Seguridad Social. No obstante, esta ley, que entró en vigor este mes de enero, deja fuera de su aplicación a cientos de afectados y afectadas al no recoger la ley los supuestos acontecidos antes de dicha fecha, por lo que tales trabajadores y trabajadoras en situación de baja médica deberán denunciar su situación ante la Administración de Justicia.

Las oficinas del INSS están ubicadas en la C/ Pérez del Toro, 89.

* EL TEXTO DEL ESCRITO QUE SE PRESENTARÁ ES EL SIGUIENTE:


AL INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

D. Mario Borges Santana, con DNI nº 43.669.599 B, en representación del COLECTIVO DE AFECTADOS POR EL FRAUDE DE LOS TRIBUNALES MÉDICOS y D. Francisco Rubén Alemán Sánchez, con DNI nº 44.303.949 S, en calidad de representante del SINDICATO OBRERO CANARIO (FSOC), con dirección a efecto de notificaciones en la Avda. de Canarias, 131, 3º, Vecindario (Santa Lucí­a de Tirajana), CP: 35.110, con nºs de tlf: 928 75 15 69/637 868 181

DICE

1. Que los servicios jurí­dicos de estas organizaciones han tramitado decenas de demandas por las que afiliados/as han recurrido las resoluciones de los Equipos de Valoración de Incapacidades (E.V.I.) en base a las que se reconocen las bajas médicas de estos/as trabajadores/as dándoles de alta a efectos exclusivamente económicos.

2. Que estas resoluciones están fundamentadas en el art. 128.2 de la Ley General de la Seguridad Social que establece dicha posibilidad por parte del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

3. Que a nuestros servicios jurí­dicos han llegado casos de trabajadores/as que desarrollan la labor profesional de conductor de guaguas y camiones, que una vez superado el plazo de doce meses de incapacidad temporal reciben la resolución de alta a efectos exclusivamente económicos con lo que deben reincorporarse a su puesto de trabajo sin haberse recuperado de la enfermedad o accidente laboral que originó dicha baja. Estos/as trabajadores/as al no haber recibido el alta médica continúan tomando antidepresivos, u otros fármacos, incluso morfina, prescritos por su médico, contraproducentes con su actividad profesional y para la seguridad de los/ usuarios/as.

4. Que la Ley 40/2.007, de 4 de diciembre, de Medidas en materia de Seguridad Social viene a rectificar lo establecido en el art. 128.2 de la LGSS, si bien no aplica efectos retroactivos a las personas afectadas por dicho fraude antes de la aprobación de aquélla, dejando en absoluta indefensión a dichos afectados.

5. Que en muchos casos los médicos de los Tribunales Médicos no son especialistas de las patologí­as que reconocen y que deben valorar.

En su virtud

SOLICITAN contestación a este escrito donde se establezca las medidas a tomar por esa institución para que se proceda al cese de este tipo de irregularidades que están afectando a la salud, a la economí­a y a la seguridad de los/as trabajadores/as y de los/as usuarios/as de los servicios públicos.




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