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Violaciones de derechos humanos en España
Recibida de Amnistia Internacional el 16-05-2002 a las 03:05

Respuesta de Amnistía Internacional a la carta enviada por Mariano Rajoy sobre el informe "España. Crisis de identidad - Tortura y malos tratos con componente racista a manos de agentes del Estado".

Londres.- Amnistí­a Internacional (AI) lamenta profundamente la persistente negativa del gobierno español en reconocer el trasfondo racista de muchas de las violaciones de derechos humanos ocurridas en España. Dicha negativa quedó manifestada en la carta enviada por el Ministro del Interior, Mariano Rajoy, en respuesta al informe "España: crisis de identidad - Tortura y malos tratos con motivos racistas a manos de agentes del Estado", publicado el pasado 16 de abril.

La organización cree firmemente que el reconocimiento de la existencia de malos tratos y actitudes racistas por parte de algunos agentes del estado es el primer paso para avanzar hacia una solución del problema.

Para Amnistí­a Internacional, las consideraciones expresadas por el Ministro del Interior en dicha carta no demuestran en absoluto que en el reciente informe de la organización existan "inexactitudes importantes", tal y como afirma el señor Rajoy.

Además, el gobierno no ha emitido ninguna opinión sobre las recomendaciones que Amnistí­a Internacional propone en su informe. Entre estas recomendaciones, Amnistí­a Internacional solicita al gobierno español que ratifique sin reservas el Protocolo 12 de la Convención Europea de Derechos Humanos y la Convención Internacional Sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Inmigrantes y sus Familias y que ponga en práctica los compromisos surgidos de la Conferencia Mundial Contra el Racismo de 2001 y las recomendaciones de Naciones Unidas sobre la obligación de investigar las denuncias de malos tratos.

Asimismo, Amnistí­a Internacional pide a las autoridades que evalúen la efectividad del Código Penal español, puesto que la agravante de racismo aplicable a determinados delitos por parte de los tribunales se sigue utilizando en escasí­simas ocasiones.

Por otra parte, y aprovechando la oferta del Ministerio de Interior de facilitar a nuestra organización la información adicional que nos sea necesaria sobre los casos citados en la investigación, AI ha solicitado detalles sobre el estado actual de nueve casos concretos.

Menores en Ceuta y Melilla

En cuanto a la situación de los menores no acompañados en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Amnistí­a Internacional desea expresar su profunda preocupación por la decisión anunciada por gobierno de Melilla de no acoger a más niños en situación de desamparo. La organización de derechos humanos recuerda que es obligación del Estado Español proteger y amparar a todos los menores de edad que se encuentren en su territorio, tal y como se recoge en la Convención sobre los Derechos del Niño. Esperamos que las instituciones competentes tomen medidas inmediatas para evitar que estos menores queden desprotegidos.

De cara a la reunión que mantendrán previsiblemente el próximo 16 de mayo representantes del gobierno de Melilla y del ejecutivo central, AI advierte a las autoridades de las consecuencias que podrí­a tener ratificar la postura del gobierno melillense: o bien los niños que consigan entrar en Melilla se quedarí­an en la calle sin ningún tipo de protección social o bien podrí­an continuar siendo expulsados ilegalmente a Marruecos.

Nicola Duckworth, Directora del Programa para Europa de Amnistí­a Internacional, afirma en la carta que ha dirigido a Mariano Rajoy que el "reagrupamiento familiar" que las autoridades españolas pretenden conseguir con las expulsiones de niños marroquí­es a su paí­s de origen raramente se produce, ni tampoco estos niños son atendidos por los servicios sociales de Marruecos.

Respecto a la petición del presidente de la ciudad de Melilla de más fondos públicos para poder mejorar las condiciones de los centros, Amnistí­a Internacional quiere resaltar que en sus informes la organización ya señaló que las administraciones de Ceuta y Melilla estaban necesitadas de más recursos para atender debidamente a los niños y para examinar individualmente sus casos. En cualquier caso, la falta de recursos económicos no puede convertirse en una excusa para incumplir obligaciones internacionales de derechos humanos.

Al mismo tiempo, la ONG recuerda al Ministro del Interior que continúa a la espera de contestación a la carta que le fue remitida ya en julio de 2001, en la que se describí­an las preocupaciones de AI sobre las expulsiones y acusaciones de malos tratos a menores en Ceuta.




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