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CONDENAN A DOS EMPRESARIOS POR LA MUERTE DE UN TRABAJADOR
Recibida de CC.OO.-Madrid el 06-06-2001 a las 07:06

CC.OO. ejerció la acción popular

El Juzgado de lo Penal nº. 27 de Madrid ha condenado a dos empresarios a penas de 18 meses de prisión como autores de dos delitos, uno contra la seguridad de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia. Igualmente los empresarios han sido condenados a indemnizar conjunta y solidariamente a la viuda y a la hija de un trabajador fallecido en la cantidad de 45 millones de pesetas.

Los hechos ocurrieron el dí­a 15 de marzo de 1.999 en la empresa INYECTADOS ROMA de Valdemoro (Madrid) en la que se produjo un accidente de trabajo a consecuencia del cual falleció un trabajador que fue atrapado por una máquina.

La Sentencia, dictada el pasado dí­a 17, considera probado que se produjo un atasco en la máquina de inyección y que el trabajador fallecido, junto con otro compañero, intentaron desatascar la pieza para lo cual realizaron tres o cuatro vaciados de aluminio para ver si se desatascaba y al no conseguirlo lo intentaron con golpes exteriores tambien sin éxto, por lo cual, el fallecido se introdujo en el interior de la máquina y se cerró la puerta exterior de la misma poniéndose en funcionamiento con el trabajador dentro, de tal manera que los cilindros atraparon al trabajador y la causaron la muerte instantánea.

La Sentencia comienza analizando si concurren los requisitos del art. 316 del Código Penal que castiga a los empresarios que no adopten las medidas de seguridad en el trabajo a que vienen obligados y que pongan así­ en grave riesgo la vida de los trabajadores. Y llega a la conclusión afirmativa.

Los hechos se producen en el turno de noche cuando no habí­a ningún responsable de la empresa y trabajaban cuatro o cinco personas, todas ellas peones, cuando el mismo trabajo en los turnos diurnos se realiza bajo la dirección del jefe de producción y del encargado. Todos los trabajadores, incluido el fallecido tení­an categorí­a de peón y contratos temporales que eran renovados cada mes "aunque desempeñaban actividades permanentes en dicho proceso de producción". Continúa la Sentencia destacando la importancia que para la empresa tení­a que la máquina sacara la producción y "la necesidad en la que se veí­an los trabajadores contratados en esas condiciones laborales de resolver el problema con un celo profesional encomiable y exigible en dichas condiciones por el jefe". La solución de parar la máquina era costosa para la empresa pues significaba parar todo el proceso de producción con los consiguientes problemas para sacar todas las piezas necesarias en el plazo previsto.

Para la Juez lo importante es que no habí­a ningún encargado en el turno de noche y que los trabajadores del turno eran del nivel más simple e inferior del proceso productivo. "Todo demuestra que el trabajador fallecido no era una persona cualificada, sino que quizá por su habilidad o inteligencia lograba destacar por encima de sus compañeros pero carecí­a de la formación suficiente para considerarle responsable de los peligros que entrañaba la máquina y mucho menos confiarle las tareas de mantenimiento". Ninguna de las personas del turno de noche tení­a la cualificación profesional adecuada para el manejo de las máquinas y menos para realizar las labores de reanudación de la producción cuando surgiera algún problema, a pesar de que el proceso productivo era el mismo que se desarrollaba durante el dí­a con el encargado y el jefe de producción.

Destaca tambien la Sentencia que "la empresa carecí­a total y absolutamente de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales", que la máquina no tení­a los certificaciones requeridas y que, según la Inspección de Trabajo, lo cierto es que la máquina se puso en funcionamiento sin detectar la presencia del trabajador y que la puerta se cerró y comenzó el proceso productivo automáticamente, permitiendo que la máquina se cerrara y comenzara el proceso productivo por sí­ misma sin detectar los sensores exteriores de la máquina la presencia del trabajador en la zona de movimiento interno de la misma.

"Con todos estos argumentos podemos concluir que los hechos son constitutivos de un delito tipificado en el art. 316 del Código Penal, pues ni los trabajadores tení­an la suficiente formación ni información sobre el riesgo que entrañaba el manejo de estas máquinas, ni la máquina cumplí­a todas las medidas de seguridad que el sentido común exige, como es el hecho de que un trabajador pueda introducirse en la sona operativa de una máquina tan peligrosa y ponerse en marcha.

Al mismo tiempo, todas estas consideraciones nos llevan a concluir que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio imprudente del art. 142 del Código Penal, puesto que los responsables no adoptaron las medidas de prevención suficientes para evitar el resultado de muerte producido". Se aplica, pues, la teorí­a del concurso ideal de delitos, pues la situación de riesgo ha afectado a varios trabajadores que podí­an haber sufrido el resultado lesivo y se ha producido un delito de resultado, el fallecimiento del trabajador.

El fallo condena a los dos administradores de la empresa como autores responsables y directos de dos delitos:

a) delito contra la seguridad de los trabajadores del art. 316 del Código Penal a la pena a cada uno de ellos de seis meses de prisión con la accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y seis meses de multa fijando la cuota diaria en 3.000 pesetas, con la responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un dí­a de privación de libertad por cada dos cuotas impagadas.
b) delito de homicidio imprudente del art. 142 del Código Penal a la pena a cada uno de ellos de un año de prisión con la pena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la viuda del trabajador en la cantidad de 25.000.000 de pesetas y a su hija menor en la cantidad de 20.000.000 de pesetas, declarando la responsabilidad civil subsidiaria de la empresa "Inyectados Roma, S.L.".

CC.OO. ha sido parte desde el principio de estas diligencias en las que se personó como acción popular y formuló denuncia a la Inspección de Trabajo por estos hechos.

Con esta condena, CC.OO. espera que sirva para que los empresarios adopten las medidas de seguridad en el trabajo para evitar que estos hechos se repitan, así­ como que cumplan con la normativa de prevención de riesgos laborales, pues, como se ve, comienza a acabarse la impunidad que los empresarios incumplidores han venido burlando los derechos laborales de los trabajadores.

CC.OO., a través de sus servicios jurí­dicos, está personada como acusación popular en más de 40 accidentes mortales en la Comunidad de Madrid y continuará ejerciendo la acción penal para conseguir las sanciones penales oportunas, que son la mayor expresión del reproche social, a las conductas que producen los accidentes laborales.




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