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CEAR muestra su preocupación por la Instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad sobre mujeres inmigrantes en situación irregular y maltratadas
Recibida de CEAR el 24-11-2005 a las 03:11

A CEAR le parece fundamental que en un día como hoy, previo a la celebración del Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres, se haga visible a uno de los grupos de mujeres víctimas de maltrato más vulnerable: las mujeres inmigrantes en situación irregular. No sólo por la situación de violencia que estas mujeres están viviendo, sino también por condicionantes derivados del propio hecho migratorio.

CEAR muestra su preocupación por la instrucción 14/2005 de la Secretarí­a de Estado de seguridad a las dependencias policiales, por la cual se establece la apertura de expediente de expulsión a aquellas mujeres inmigrantes en situación de irregularidad que denuncien la situación de violencia de género que están viviendo.

Asimismo, es preocupante la detección de algunos casos de mujeres que no han tenido acceso a recursos sociales de larga estancia por carecer de la documentación para residir en España, y por último, la dilación en la resolución de concesión del permiso de residencia por circunstancias excepcionales previsto en la normativa para aquellas mujeres ví­ctimas de violencia de género reconocida por sentencia firme.

Desde CEAR, en su momento valoramos muy positivamente la aprobación de la ley de medidas de protección integral contra la violencia de género, pero nos sorprende profundamente la instrucción de la Secretarí­a de Estado de Seguridad, más aún cuando durante el trámite de elaboración de dicha ley las autoridades de interior declararon públicamente que en ningún caso se incoarí­a expediente de expulsión a aquellas mujeres inmigrantes en situación de irregularidad que interpusieran denuncia contra su agresor.

No sabemos realmente si la Secretarí­a de Estado de Seguridad es capaz de medir las consecuencias que tiene esta instrucción para las mujeres que han sufrido o están sufriendo una situación de agresión fí­sica o psicológica por parte de sus parejas. Estamos hablando de unas mujeres que además de sufrir agresiones carecen de redes familiares y sociales de apoyo, lo cual provoca que el aislamiento caracterí­stico de todo proceso de violencia de género se incremente y dificulte aún más la toma de la decisión de denunciar y acabar con la situación de maltrato.

Por otra parte, el desconocimiento de los sistemas jurí­dicos y sociales de protección en España hace que la mujer incremente su miedo a enfrentarse a lasituación de maltrato. En muchas ocasiones, los propios maltratadores utilizan ese desconocimiento para fomentar la dependencia en la mujer y perpetuar la relación de poder origen del maltrato. Nos han llegado casos en los que el agresor amenaza a la mujer con afirmaciones como que si denuncia le van a quitar los niños, o va a ser expulsada de España.

Todo ello indica que si no se facilita en todo lo posible a estas mujeres la toma de la decisión de romper con la situación que están viviendo, de denunciar y de mantenerse alejadas de su agresor, nunca vamos a poder acabar con la violencia de género.

Por otra parte, y en segundo lugar, los servicios de atención directa de CEAR han detectado algún caso, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, de denegación de acceso de mujeres inmigrantes irregulares a dispositivos de atención y acogida de larga estancia por el hecho de carecer de la documentación. Si bien CEAR entiende que no es una práctica generalizada, creemos que no debe existir ningún caso de discriminación en el acceso a los recursos establecidos en la ley de protección integral, por el grave riesgo que supone para la integridad fí­sica y psicológica de la mujer ví­ctima y por dificultar gravemente el proceso de recuperación de la misma.

En tercer lugar, los servicios jurí­dicos de CEAR han constatado que el procedimiento de tramitación del permiso de residencia por razones humanitarias al que la mujer inmigrante irregular ví­ctima de violencia de género tiene derecho, es demasiado dilatado en el tiempo. Tenemos casos en los que tras seis meses desde la solicitud del permiso aún no hay resolución del mismo. Esta situación provoca que el proceso de recuperación psicológica, personal y social de las mujeres se complique en exceso e incluso llegue a frustrarse, al tener limitado el acceso al mundo laboral y por tanto, a conseguir una fuente de ingresos que garantice su propia independencia.

Por todo lo expuesto, CEAR solicita:

1.- Que la Secretarí­a de Estado de Seguridad dicte una nueva instrucción a las dependencias policiales para que en ningún caso se incoe un procedimiento sancionador a aquellas mujeres inmigrantes indocumentadas que acudan a la comisarí­a de policí­a para denunciar cualquier tipo de agresión considerada violencia de género.

2.- Que tanto las administraciones públicas (general del Estado, autonómica o local) como las entidades privadas gestoras de servicios sociales, garanticen y apliquen el principio de no discriminación por la situación administrativa de las mujeres ví­ctimas de violencia de género establecido en el art. 17 de la L.O. de medidas de protección integral contra la violencia de género.

3.- Que se adapten los procedimientos establecidos en dicha LO, a las necesidades y especificidades de las mujeres inmigrantes, y en concreto, que se aplique el principio de preferencia en la obtención del permiso de residencia por circunstancias excepcionales en los supuestos de mujeres ví­ctimas de violencia de género.




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