A.N.I.A. - inicioQué es ANIA - Envía tus noticias - Contacto - Boletín - RSS


La libertad de expresion en venezuela: punta de lanza de la reaccion
Recibida de Rebelion el 13-02-2002 a las 02:02

Esta situación está "directamente asociada con los intereses políticos de los dueños y editores de los medios de comunicación de masas y su virtual carácter de órganos de oposición política contra el gobierno nacional, en permanente campaña de carácter netamente político, por encima de su responsabilidad informativa".

Durante el transcurso de una reunión que tuvo lugar en el Colegio de Periodistas del D.C., representantes de la sociedad civil presentaron al Sr. Santiago Cantón, Relator Especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un comunicado relativo a la situación de la libertad de expresión en el paí­s. De acuerdo a las conclusiones del análisis, esta situación está "directamente asociada con los intereses polí­ticos de los dueños y editores de los medios de comunicación de masas y su virtual carácter de órganos de oposición polí­tica contra el gobierno nacional, en permanente campaña de carácter netamente polí­tico, por encima de su responsabilidad informativa".

Entre las conclusiones destacan que "que si hay algún tipo de ejercicio de censura y persecución a periodistas por motivo de su orientación polí­tica, este procede fundamentalmente de los propios dueños y editores de los medios de carácter privado contra sus trabajadores; y a la vez, que el ejercicio de la libertad de expresión por parte de un número considerable de estos medios se orienta de manera preponderante a propiciar el derrocamiento de un gobierno legí­timo, así­ como a la descalificación intencionada por motivos de discriminación de vastos sectores de la población que lo apoyan". El comunicado, firmado por 97 venezolanos y venezolanos de las más diversas profesiones, presenta una serie de consideraciones jurí­dicas que muestran los deberes y responsabilidades que del Derecho de los Derechos Humanos se desprenden para el conjunto de medios de comunicación social, tanto públicos como privados.

El documento evidencia que en el tratamiento de las constantes movilizaciones de calle que se vienen produciendo en todo el paí­s "se han venido manifestando prácticas de discriminación por parte de los medios informativos" que apuntan a su marcada parcialización. Asimismo se destaca la preocupación por las constantes alusiones al conjunto de seguidores del actual gobierno a través de calificativos relativos a su raza y color de la piel, así­ como a su supuesta condición social y económica. "Además de inadmisibles desde todo punto de vista" - afirman - "estos calificativos son evidentemente proclives a crear un manifiesto clima de discriminación y racismo, y podrí­an calificar como delitos contra los derechos humanos".

En el caso de la manifestación frente a las instalaciones del diario El Nacional, consideran que "no existe ningún elemento de prueba para afirmar que se cometió delito alguno". Con ocasión del tratamiento que recibió dicha noticia, el defensor del lector del diario El Nacional, Elí­as Santana, afirmó que los manifestantes eran adecuadamente calificados de "turbas", pues supuestamente no se merecí­an la condición de ciudadaní­a, debido a su comportamiento. Mientras que cualquier manifestación de oposición gubernamental, así­ muestre los mismos signos de comportamiento que pudieran evidenciarse en las grabaciones de dicha concentración, son automáticamente calificadas de acciones cí­vicas de la "sociedad civil".

Con respecto al artefacto explosivo que fue colocado en las instalaciones del diario Así­ es la Noticia, expresaron su más enérgica condena a este tipo de actuaciones violentas. Asimismo, destacaron que, a pesar de no contar con evidencia alguna, al dí­a siguiente de este hecho, el titular de primera página del diario que fue objeto de la agresión tituló "Hordas chavistas lanzaron bomba a la redacción de este diario" - evidenciando una absoluta falta de ética así­ como una vez más el tratamiento discriminatorio hacia un amplio sector de la población "por el mero hecho de sus preferencias polí­ticas". Asimismo, destacaron el irrespeto de los más elementales principios democráticos por parte de propietarios y editores de diversos medios, "al favorecer e incluso en ocasiones aupar la ocurrencia de un golpe de estado militar". Como ejemplo, citaron el semanario La Razón de fecha 20.01.02, que en primera página titulaba "Desobediencia militar para salir de Chávez", sin advertir adecuadamente el carácter de opinión del entrevistado que proponí­a el desacato. Asimismo, refirieron el tí­tulo de primera página del diario Así­ es la Noticia "El loco se va", en referencia al actual Presidente de la República, "lo cual - a pesar de significar un irrespeto de la más alta investidura del Poder Ejecutivo del paí­s y una abierta vulneración de los principios de ética periodí­stica -, no significó la apertura de ningún tipo de procedimiento por parte de las autoridades competentes".

En lo que respecta a la libertad de información, destacaron que "la orientación informativa de los medios obstaculiza la presencia de las múltiples voces presentes en la sociedad y orienta la expresión de opiniones y la presentación de las informaciones a partir de aquellas sostenidas por los propietarios de las empresas comunicacionales y los sectores de oposición polí­tica al actual gobierno". El mencionado periodista Alcides Castillo, destacó en una misiva pública que una práctica habitual en El Nacional para aquellos profesionales "que no se prestan para la manipulación de la información" es imponerles el castigo de no fijarle pautas, lo cual en el ámbito de la profesión equivale a un despido indirecto. Otra práctica habitual en el periódico es que "si te califican o suponen que eres afecto al gobierno, (esa) es otra razón para prescindir de tus servicios profesionales".

Con respecto a las medidas adoptadas por el Estado, el conjunto de firmantes del documento consideran "que ninguna de las (situaciones relacionadas con estos derechos) que efectivamente pudieran quebrantar el derecho son imputables a la actuación administrativa, legislativa o judicial de los poderes públicos". El documento afirma a continuación que, desde 1999, y a pesar de las constantes acusaciones contra la actual gestión gubernamental, "la libertad de expresión es un derecho más vigente que nunca en Venezuela, y constatable en los hechos". A pesar de las tendencias informativas, presentes en distinta medida en los medios tanto impresos como televisivos y radiales, no hay un solo medio cerrado o amenazado de cierre, ni un periodista encarcelado, ni una sola voz silenciada. En relación con los contenidos de la polémica sentencia 1.013 del Tribunal Supremo de Justicia, los firmantes del documento no comparten las restricciones al derecho a réplica y rectificación. Sin embargo, destacan que "dicha jurisprudencia no ha generado ningún tipo de consecuencias jurí­dicas, mientras que muchos de los medios privados de comunicación social están sistemáticamente vulnerando en la práctica estos derechos".

Por otro lado, con respecto al discurso franco y directo del Presidente de la República frente a cierto tipo de tratamiento de informaciones por parte de algunos medios, subrayaron que esa circunstancia "se da como respuesta a la marcada orientación opositora de medios cuya responsabilidad y función social viene enmarcada por los principios aplicables a la práctica periodí­stica - principios que están siendo sistemáticamente vulnerados por los mismos medios que son objeto de las crí­ticas". En cuanto a la tendencia de hostilidad de algunos sectores aislados contra los periodistas en funciones, consideraron que debe evaluarse a la luz del permanente estado de descalificación que recibe una amplia mayorí­a de la sociedad por parte de los medios representados por dichos profesionales, por el mero hecho de sus preferencias polí­ticas.

Por último, hacen referencia a la práctica de dirigirse en cadena nacional cuya intensificación en los últimos tres años "está directamente relacionada con la progresiva parcialidad de los medios de comunicación a favor de las posiciones de oposición polí­tica al gobierno, con lo cual responde a una situación de irrespeto a la libertad de información y expresión por parte de una significativa porción de los medios privados radiotelevisivos". Si bien no pretenden justificar esta práctica gubernamental, consideran que no se puede evaluar sin tomar en cuenta "por un lado que se corresponde con una potestad del Poder Ejecutivo, y por otro debe analizarse a la luz de la sistemática negativa de los medios privados constituidos a garantizar la pluralidad de la información".

Apéndice a la Nota de Prensa Conclusiones del análisis relativo a la situación de la libertad de expresión en Venezuela, adelantado por representantes de la sociedad civil CONCLUSIONES Las principales conclusiones que se desprenden de la evaluación de la situación de la libertad de expresión en Venezuela en los actuales momentos son los siguientes: a/ que en Venezuela existe plena libertad de expresión en cuanto a la actuación de los Poderes Públicos frente al conjunto de los medios de comunicación, evidenciado en el nivel de diatriba polí­tica y de oposición irracional y ofensiva a los sectores que apoyan al gobierno que puede observarse en los mismos, y la relevante ausencia de procedimientos de censura previa o sanción administrativa o judicial por parte de las autoridades; b/ que la libertad de expresión y de prensa está siendo ejercida por parte de diversos medios en términos a menudo irresponsables y poco acordes con los principios de tolerancia, convivencia social y derechos humanos y los principios y valores democráticos, así­ como con los más elementales códigos de ética periodí­stica y las normas jurí­dicas que regulan la comunicación social; c/ que el tratamiento polí­tico que de la información adelantan los principales medios de comunicación de masas atenta contra la dignidad de amplios sectores de la población, así­ como contra la objetividad en el tratamiento de la gestión gubernamental en su conjunto y de la figura presidencial en particular, lo cual ha generado cierto clima de hostilidad por parte algunos grupos minoritarios, que se manifiesta en la medida de la vulneración por parte de dichos medios de los más elementales principios de ética periodí­stica; d/ que las amenazas que se derivan de la situación actual para estas libertades y su disfrute individual y colectivo, e inclusive para la propia continuidad de la estabilidad democrática, están directamente relacionadas con la orientación polí­tica de estos medios, que en el tratamiento de la noticia participan activamente en la oposición polí­tica al gobierno, inclusive incitando a su derrocamiento por medios contrarios al ordenamiento institucional - privando así­ a la sociedad del derecho a una información imparcial y afectando la estabilidad democrática de un régimen que goza de plena legitimidad constitucional.




Compartir

Más en Otras
- A.N.I.A. se despide
- Manifiesto ante la visita del Papa a la “Jornada mundial de la juventud católica” en Madrid (agosto 2011)
- Más víctimas del franquismo en Internet
- Cómo desobedecer la Ley Sinde en la Semana de Lucha Social de Sevilla
- 13 de mayo: Manifestación atea
- "Los madrileños nos sentimos hostigados por Telemadrid"
- Valladolid: Memoria viva de la lucha contra el franquismo
- Valladolid: "Memoria viva de la lucha contra el franquismo"
- Uno de cada cuatro niños con perfil en una red social hacen públicos sus datos
- Europa Laica quiere que los partidos políticos se comprometan a limitar el poder religioso en el ámbito autonómico y municipal

URCMA.N.I.A. es un proyecto de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid